Democracia y Justicia

El mecanismo de condicionalidad contra Hungría: ¿Qué podemos esperar?

A la UE se le ha encomendado garantizar que las contribuciones de la ciudadanía se inviertan en la ciudadanía. Pero, ¿qué ocurre cuando esos fondos desaparecen en los bolsillos de políticos y empresas corruptas?

by Eleanor Brooks

¿Qué es el mecanismo de condicionalidad? ¿Cómo fomenta el Estado de derecho?

La UE asigna fondos a sus Estados miembros para que sean gastados en mejorar la vida de la ciudadanía. El dinero proviene de las contribuciones de la ciudadanía, cotizadas por medio del impuesto sobre la renta o el IVA que se recauda cuando se pagan bienes o servicios. Para proporcionar bienestar a la comunidad, la función del gobierno es inyectar ese dinero en la infraestructura social del país: construir hospitales, mejorar el transporte público o financiar escuelas.

En cierto sentido, es un sistema circular: se recauda el dinero de la ciudadanía, se deposita en la UE y se reparte de buena fe a los gobiernos de los Estados miembros para ser redistribuido a la ciudadanía por medio de los servicios públicos.

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Pero si los políticos utilizan el dinero para forrarse y enriquecer a sus amigos, el sistema se viene abajo. Como institución que ha recaudado el dinero, la UE tiene la responsabilidad ante la ciudadanía de garantizar que los fondos se inviertan en su bienestar. Aquí es donde entra en juego el mecanismo de condicionalidad.

El mecanismo de condicionalidad es una herramienta para salvaguardar el dinero de la ciudadanía de la UE al autorizarle a retener los fondos de un Estado miembro, en caso de infracción del Estado de derecho. Cuando los políticos corruptos se embolsan fondos públicos para sí mismos, se vulnera el Estado de derecho.


Orígenes del mecanismo de condicionalidad

Este instrumento legal no se introdujo por casualidad: el comportamiento sistemático de los dos principales culpables, Hungría y Polonia, hizo que se pidiera que las infracciones fueran sancionadas. En los últimos años, ambos países han reducido los derechos de su ciudadanía, sembrando la inquietud en la sociedad civil y los políticos de la UE. Sin embargo, la UE se mostró ineficaz e incapaz de tomar las contramedidas adecuadas. A pesar de las investigaciones, las advertencias y las recomendaciones de la Comisión, Polonia y Hungría siguieron adelante con reformas legales que quitaron libertades a su ciudadanía y vulneraron los valores de la UE.

Hasta 2021, la única sanción de la que disponía la UE era el Artículo 7(1) del Tratado de la UE, un procedimiento que privaría a un Estado miembro de su derecho de voto sobre las decisiones y la legislación de la UE si se consideraba que estaba en peligro de infringir los valores fundamentales de la unión. Aunque el procedimiento del Artículo 7 se inició contra Hungría y Polonia en 2018, la suspensión requeriría el voto unánime de los restantes jefes de Estado, un tope que es poco probable que se alcance, sobre todo porque ambos países se han comprometido a respaldarse mutuamente.

Hace ya cinco años, se comentaba entre las ONG y algunos gobiernos y comisarios de la UE que las violaciones de los principios democráticos del conjunto deberían tener repercusiones financieras. En 2018, Liberties presentó su propuesta a la Comisión, esbozando cómo pequeños cambios en la legislación existente permitirían a la UE cortar el flujo de dinero a los Estados miembros.

En diciembre de 2020, la UE adoptó un reglamento que sigue el modelo de la propuesta de Liberties, poniendo en marcha el mecanismo de condicionalidad. Gracias al mismo, la UE espera que la amenaza de cortar la financiación incite a Hungría y Polonia a acatar las normas; y si no lo hacen, al menos no lo harán a costa de los contribuyentes de la UE.

¿Cuáles son las directrices del reglamento de condicionalidad?

La cuestión clave que hay que considerar en relación con el mecanismo de condicionalidad es que se trata, fundamentalmente, de una medida para garantizar que los fondos de la UE se inviertan en el objetivo previsto: mejorar la vida de las personas que viven y trabajan en los países de la UE. Si usted donara dinero a una organización benéfica medioambiental y descubriera que lo utilizan para comprar aviones privados (en lugar de plantar árboles como se anunciaba), probablemente no seguiría apoyando su causa. Del mismo modo, la UE no quiere que sus recursos financieros -de los que Hungría y Polonia son importantes beneficiarios- se gasten en causas que perjudican a la población en lugar de ayudarla.


Los políticos que quieren mantenerse en el poder por encima de todo, maniobran en su propio interés, en lugar del interés de las personas a las que se supone que representan. Invierten el dinero de los contribuyentes en dar contratos lucrativos a sus amigos en lugar de gastarlo en lo que la gente necesita. Utilizan como chivo expiatorio a las minorías, para desviar la atención de la gente de sus propios errores. Y se apoderan de los tribunales para introducir leyes que van en contra de los intereses de los ciudadanos. Este comportamiento autoritario vulnera el Estado de derecho.

El Reglamento define el Estado de derecho como un conjunto de valores fundamentales, entre ellos la no discriminación, la separación de poderes, la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la gratuidad de los tribunales. Al tratarse de una medida financiera, el mecanismo de condicionalidad sólo puede activarse si se demuestra que las violaciones de estos valores tienen un efecto adverso en la gestión del presupuesto de la UE; las infracciones generales por sí solas no garantizan la intervención. Por ejemplo, si se demuestra que la falta de independencia judicial dificulta la prevención de la corrupción, lo que da lugar a un uso indebido de los fondos de la UE, el mecanismo podría aplicarse.

Cortar el flujo de dinero de la UE es el último paso de un largo proceso. En primer lugar, la Comisión debe presentar una demanda ante la justicia contra el país infractor y aportar pruebas que vinculen la violación de la legislación de la UE con la mala gestión de los fondos de la UE. A continuación, debe enviarse una carta al Estado miembro pidiéndole que aclare las cuestiones planteadas. Si no se recibe una explicación razonable, se hace una notificación formal y se inicia oficialmente el procedimiento.

El gobierno del Estado miembro tiene la opción de ampliar su respuesta a la causa judicial y proponer soluciones. Si este intercambio -que dura meses- no produce una resolución que satisfaga a la Comisión, ésta puede emitir una recomendación de congelación de los fondos de la UE. Transcurrido un mes, el Consejo vota la recomendación, que requiere una mayoría del 55% (que representa el 65% de la población de la UE). La UE dispone de contramedidas de distinta gravedad, que van desde la suspensión parcial o total, la interrupción o la reducción de los fondos de la UE.




¿Por qué activó Bruselas el mecanismo de condicionalidad contra Hungría?

No es ningún secreto que durante la última década el autoritarismo ha ido en aumento en Hungría. Durante años, las recomendaciones y advertencias de la UE fueron desatendidas mientras Orbán seguía malgastando el dinero destinado a beneficiar al pueblo húngaro. A principios de este año, los diputados del Parlamento Europeo acusaron a Orbán de centralizar y redistribuir la riqueza a su círculo más cercano por medio de las subvenciones agrícolas. Tras las investigaciones realizadas en Hungría, The New York Times informó de que Orbán utilizaba la financiación de la UE como "un sistema de patrocinio que enriquece a sus amigos y familiares, protege sus intereses políticos y castiga a sus rivales".


Los informes sobre el Estado de derecho de Liberties 2022 y 2021 mostraron el declive de la democracia húngara. La flagrante influencia política sobre el poder judicial provocó la erosión de los tribunales independientes y de la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Los altos niveles de corrupción quedaron sin control a causa de la ausencia de medidas efectivas y a la falta de rendición de cuentas. La supresión deliberada de la libertad de los medios de comunicación situó al 80% de los medios húngaros, directa o indirectamente, bajo el control del gobierno. Otras políticas antidemocráticas preocupantes fueron la controvertida legislación anti-LGBTQIA+, la represión de las ONG y la utilización de la pandemia como excusa para ejercer un poder excesivo.

Las tácticas de Orbán están calcadas del manual de actuación de un líder autoritario, que ante todo perjudica el bienestar de la ciudadanía húngara. En lugar de hacer su trabajo -servir a las necesidades de la gente- Orbán no tiene vergüenza en mostrar su empeño por consolidar su férreo control del poder, aunque empeore la vida de los húngaros. Los fondos públicos deben ser invertidos para prestar servicios que satisfagan las necesidades de la gente, como la mejora de los hospitales para que la ciudadanía reciba la atención que necesita cuando enferma, o la inversión en el sistema escolar para que los niños puedan recibir una buena educación. Al desviar el dinero de la UE para su propio beneficio político, Orbán priva al pueblo húngaro de una mejor calidad de vida.

¿Qué podemos esperar del mecanismo de condicionalidad contra Hungría?

Hay sentimientos encontrados sobre la eficacia del mecanismo de condicionalidad. Según el abogado constitucionalista húngaro Gabor Halmai: "El hecho de que la UE haya sido incapaz de sancionar violaciones graves de los principios del Estado de derecho durante 10 años, en el caso de Hungría, y cinco años en el caso de Polonia, no va a cambiar con el mecanismo".

Los críticos han argumentado que el requisito para demostrar el mal uso de los fondos de la UE diluye el propósito original del mecanismo -impedir que los Estados miembros actúen en contra de los intereses de su ciudadanía- lo que significa que en términos prácticos funciona como un mecanismo anticorrupción.

Esta cláusula financiera se deriva de la "declaración interpretativa" (que significa que el mecanismo sólo puede activarse si se ven afectados los fondos de la UE) impulsada por Hungría y Polonia, que Liberties advirtió que podría convertir el mecanismo en algo inoperante. El resultado es que las agresiones a las minorías o a la comunidad LGBTQIA+ que no afectan al presupuesto de la UE, no se ven afectadas por el mecanismo, lo que deja desprotegidos a grupos ya vulnerables.

No obstante, la decisión de la Comisión de activar el mecanismo de condicionalidad envía el mensaje a Orbán y sus compinches de que privar a los húngaros de los fondos de la UE no quedará impune.

Aunque el resultado está por ver, la UE está (esperemos) golpeando finalmente a Orbán donde le duele.

Más información:

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Créditos de la foto: Tib Tib (Flickr)


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