Algunos gobiernos y comisarios ya habían expresado el año pasado la idea de que el acceso a los fondos europeos debía estar condicionado por el respeto al Estado de derecho. A esta idea se la conoce como: "Condicionalidad del Estado de derecho". Pero la propuesta se abandonó porque nadie supo cómo ponerla en práctica de forma sencilla.

Algunos expertos habían sugerido que la UE debía crear un nuevo sistema que permitiera monitorear regularmente a todos los gobiernos para comprobar si respetaban la normativa europea sobre derechos fundamentales, democracia y Estado de derecho. La idea era que los gobiernos que estuvieran cumpliendo con la normativa correctamente podrían ser recompensados con un dinero extra, en cambio a los gobiernos que lo estuvieran haciendo especialmente mal se les podría sancionar suprimiéndoles los fondos comunitarios. Liberties apoya esta idea. Es similar a lo que hemos planteado con anterioridad. Pero también sabemos que actualmente hay una enorme oposición política que obstaculizaría la creación de un sistema para monitorear a los gobiernos de la UE. Y eso significa que esta solución ideal simplemente no es viable.

En ocasiones, si quieres progresar, hay que dar pequeños pasos. Y, desafortunadamente, esto ocurre en especial en la UE. Es por ello que se nos ha ocurrido una idea para cortar los fondos a los gobiernos que vulneran el Estado de derecho sin tener que construir un nuevo sistema de monitoreo. La idea de Liberties es esta: con la legislación actual de la UE, los gobiernos están obligados a crear organismos a escala nacional para comprobar que los fondos europeos se emplean de forma legal. Y, técnicamente, esto obliga a los gobiernos a tener tribunales independientes para vigilar lo que está ocurriendo. Lo único que debe hacer la UE es llevar a cabo esta exigencia con mayor claridad que hasta la fecha. Hemos plasmado nuestras ideas con detalle en este documento político.

Liberties se siente orgulloso, porque es bastante parecido a lo que la Comisión ha hecho con su propuesta para un nuevo funcionamiento. Nos gustaría pensar que nuestro enfoque pragmático le ha da dado a la Comisión una forma viable de poner en práctica la condición de respetar el Estado de derecho, sin tener que hacer grandes cambios a los que la mayoría de los gobiernos se opondrían.

La Comisión ha dicho que si los gobiernos no respetan la independencia de los jueces, o la de otro tipo de trabajos en los que la UE debe comprobar si se hace un buen uso de los fondos, como el de los fiscales o los investigadores de fraude, se les podría retirar partes de estos fondos de la UE. Porque si estas inspecciones no funcionan correctamente, los gobiernos corruptos podrían embolsarse dinero que debería ayudar a los ciudadanos comunes. Existen suficientes pruebas de ello en Hungría.

Esta podría ser una forma eficaz de evitar que los gobiernos autoritarios destruyeran nuestras libertades. ¿Por qué? Hungría y Polonia, donde la situación es muy grave, reciben abundantes fondos de la UE. La contribución de los fondos de la UE al PIB de Hungría se estima en un 3-7% en los últimos años. Y Polonia recibe la mayor parte de los fondos de la UE: 65 billones de euros de un total de 450 billones de euros para toda la UE. De modo que la próxima vez que los gobiernos autoritarios quieran estrangular las libertades, se lo pensarán dos veces.

Existe un posible problema: la propuesta de la Comisión podría no realizarse a través del Consejo de la UE. Para que se lleve a cabo, es necesario que todos los gobiernos de la UE estén de acuerdo. Esto no significa necesariamente que la propuesta esté muerta. Conviene recordar que el dinero de la UE es nuestro dinero; procede fundamentalmente de nuestros impuestos. Y proporcionalmente, los países más ricos de la UE ponen más dinero del que reciben, mientras que los países menos desarrollados de la UE reciben más de lo que ponen en el bote. Esto significa que son los países más ricos los que promueven la condición de respetar el Estado de derecho, ya que quieren mostrar a los ciudadanos que sus impuestos no financian los regímenes autoritarios.

Aunque hay gobiernos a los que no les gusta la idea –¿te imaginas cuáles?–, quizá se sientan obligados a dar su consentimiento. Y esto es así porque también se necesita el acuerdo de todos los países para aprobar los nuevos programas de financiación de la UE. De modo que si Hungría y Polonia no aceptan la condición de respetar el Estado de derecho, los países más ricos podrían negarse a aprobar el presupuesto que les proporcionaría fondos de la UE.

Hemos visto cómo ocurrió algo parecido en los acuerdos entre Noruega, Hungría y Polonia. Noruega dona dinero a Hungría, Polonia y otros nuevos miembros de la UE como parte del precio que pagan por poder acceder a la unión aduanera de la UE. Noruega reserva una parte de estos fondos para los grupos que defienden los derechos y la democracia. Recientemente, Hungría y Polonia intentaron tomar el control de estos fondos para poder retirarles la financiación a los grupos en defensa de los derechos civiles que criticaban su gobierno. Sin embargo, finalmente renunciaron, ya que Noruega dijo que no habría acceso a los fondos si no podían seguir dando dinero a estas organizaciones.

Dada la importancia de la financiación externa de estos gobiernos, la condición de respetar el Estado de derecho puede ser una herramienta muy poderosa para proteger las libertades civiles.