Democracia y Justicia

¿Qué es el poder judicial? ¿Por qué es importante que haya tribunales independientes en una democracia?

Los tribunales independientes garantizan que toda la sociedad se rija por las mismas reglas, incluso las personas ricas y poderosas. Sin embargo, muchos gobiernos europeos quieren controlar a sus jueces, minando la democracia y los derechos fundamentales.

by Eleanor Brooks

El poder judicial es un sistema de tribunales encargados de interpretar, defender, aplicar la legislación del país y de resolver litigios. La mayoría de la población tenemos poca interacción directa con el poder judicial a lo largo de nuestra vida, por lo que es fácil llegar a pensar que el sistema judicial tiene un impacto mínimo sobre nuestras vidas.

En realidad, el poder judicial desempeña un papel determinante como guardián de los valores fundamentales de la sociedad y es una fuente de coherencia durante los periodos de inestabilidad política. De este modo se garantiza el mantenimiento de las normas democráticas durante una crisis y se limitan los daños que pueda causar un gobierno autoritario cuando se encuentra en el poder.

Pero la capacidad de protección de los tribunales depende de su libertad.

Si bien el poder judicial actúa en nombre del Estado, está separado del poder legislativo, que crea las leyes, y del poder ejecutivo, que gobierna. En una sociedad democrática, el poder judicial debe ser independiente del gobierno y estar al margen de influencias políticas.

¿Cuál es el papel del poder judicial en la sociedad?

La democracia se define a menudo como "el gobierno de la mayoría", sin embargo, la verdadera esencia de una sociedad democrática es la de una sociedad en la que la opinión de todas las personas se valora por igual. Uno de los aspectos de la función del poder judicial es garantizar que todo el mundo reciba el mismo trato y esté protegido por la ley, independientemente de su sexo, religión o color de piel.

Los valores políticos del gobierno pueden cambiar drásticamente en función del partido político que esté en el poder. Pero dado que el poder judicial es independiente del ejecutivo, nuestros derechos básicos están protegidos de la injerencia del gobierno, independientemente de la opinión de la mayoría. Esto es especialmente importante para las comunidades marginadas. Una táctica muy utilizada por muchos políticos corruptos es señalar y utilizar como chivo expiatorio a las minorías para desviar la atención pública de sus propios actos y su mala gestión.

Un poder judicial independiente garantiza que todas las personas, incluidas las minorías, puedan acceder a ciertos derechos que nunca les podrán ser arrebatados. Por ejemplo, en nuestro Informe sobre el Estado de derecho de 2023, nuestra organización afiliada en Bélgica afirmaba que los tribunales belgas condenaron al gobierno por incumplir sus obligaciones con las personas solicitantes de asilo al no concederles refugio.

El poder judicial también cumple una función vital en el mantenimiento del Estado de derecho pues garantiza que, al igual que el resto de la población, el gobierno cumpla la ley y que cualquier medida adoptada por el Estado tenga una fundamentación jurídica. Es un forma de impedir que los políticos ávidos de poder se apoderen de la justicia y ayuda a mantener la coherencia entre los sucesivos gobiernos.

¿Cuáles son los deberes y responsabilidades del poder judicial?

Una de las responsabilidades más importantes del poder judicial es proteger nuestros derechos cuando gobiernos y empresas poderosas intentan arrebatárnoslos. Si el Estado no respeta nuestra dignidad, podemos ampararnos en nuestros derechos para exigir un trato mejor y asegurarnos de que el gobierno utiliza su poder para mejorar nuestras vidas. De este forma, los tribunales llevan a la práctica los derechos que protegen las constituciones y los tratados internacionales.

En periodos de crisis, cuando el Estado puede utilizar sus poderes de emergencia para debilitar nuestros derechos humanos, esto cobra especial importancia. Sin embargo, también aumentan los riesgos de que se abuse de estos poderes.

Como actor apolítico, se supone que el poder judicial toma sus decisiones de acuerdo con lo que dice la ley y no con lo que le dice un político. En el informe sobre el Estado de derecho del año pasado, nuestra organización miembro polaca destacó el papel que desempeñó el poder judicial para impedir que el gobierno restringiera indebidamente los derechos humanos y las libertades fundamentales durante la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, en mayo de 2021, el Tribunal del voivodato de Varsovia protegió la libertad de reunión invalidando la sanción administrativa impuesta a una mujer que se manifestaba contra la prohibición del aborto en Polonia.

Un poder judicial independiente también es crucial para garantizar unas elecciones libres y justas, así como una transición de poder fluida. Si se impugna el resultado de unas elecciones o se presenta una denuncia sobre la imparcialidad del procedimiento de votación, se recurre a los tribunales para que decidan sobre su resultado. En Alemania, el Tribunal Constitucional del Estado federado de Berlín declaró nulas las elecciones celebradas en 2021 debido a irregularidades, como tiempos de espera inaceptables, papeletas agotadas y otras en las que figuraban candidatos incorrectos. En consecuencia, las elecciones se volvieron a celebrar en 2023.

¿Qué es la independencia judicial?

La independencia judicial es la separación entre el poder judicial y otros poderes del Estado, así como la independencia de los tribunales de intereses privados o políticos.

Esta independencia es crucial para que el poder judicial pueda desempeñar su papel de guardián de nuestros derechos fundamentales. Sabemos que podemos confiar en el poder judicial para la protección de nuestros derechos cuando basa sus decisiones únicamente en la ley, sin ninguna influencia externa de sectores de poder, ya sean políticos o empresariales.

La independencia de un sistema judicial requiere que los jueces sean elegidos de forma totalmente transparente y al margen de cualquier partido político y que sepan que sus decisiones se rigen por la ley sin temor a ningún tipo de represalia.

Lamentablemente, a pesar de que la independencia judicial es una de las piedras angulares de los valores de la UE, teniendo en cuenta las graves preocupaciones planteadas por nuestra organización miembro en Polonia, destacadas en el último informe de Liberties sobre el Estado de derecho, ya no se puede concluir que el sistema judicial polaco sea independiente. Desde 2021, la suspensión o el traslado de jueces a otros departamentos judiciales sigue siendo una de las formas de represión ejercidas contra los jueces polacos, y la destitución de algunos de ellos ha estado muy politizada. De hecho, el contenido de las decisiones judiciales se cita como posible motivo de suspensión.

Si bien Polonia puede ser un caso extremo en cuanto a su grado de interferencia política, las amenazas a la independencia judicial son motivo de preocupación en muchos países europeos. En España, el proceso de selección de jueces está politizado, mientras que en Alemania, en muchos casos, los jueces solo pueden acceder a altos cargos si están vinculados a los grandes partidos políticos. En Hungría, un juez de alto rango del Tribunal Metropolitano de Budapest denunció que él y sus colegas "han asistido a intentos de presión externa e interna" durante varios años, incluida la amenaza de destituir al juez instructor de un caso en el que estaba implicado un diputado del Fidesz (el partido populista de derechas que gobierna el país) acusado de aceptar sobornos.

¿Por qué es necesario un poder judicial independiente?

Los tribunales independientes garantizan que todo el mundo se rija por las mismas reglas, independientemente del poder y el dinero de que disponga, limitando así a las entidades con poder y contribuyendo a redistribuir el enorme desequilibrio de poder entre el Estado todopoderoso y la ciudadanía a título individual.

Cuando los políticos tienen un poder ilimitado, no hay nadie que les impida abusar de su cargo público ni que les exija responsabilidades si violan los derechos fundamentales. Esta situación deja la puerta abierta a que los dirigentes políticos actúen en contra de los intereses de la gente, por ejemplo malversando fondos públicos en lugar de destinarlos a servicios locales como escuelas y hospitales.

Procedimientos como la revisión judicial ofrecen a la ciudadanía la posibilidad de impugnar decisiones que consideran injustas o ilegales, y refuerzan el control de la clase política y los organismos públicos. La existencia de este mecanismo disuade a los cargos públicos de abusar de su poder y garantiza que habrá consecuencias si lo hacen.

Sin embargo, cuando un gobierno ejercen presión sobre los jueces, no solo supone la desactivación de controles y equilibrios fundamentales, sino que también influye negativamente en la percepción social del poder judicial. Cuando la ciudadanía es consciente de la interferencia política en el sistema judicial, disminuye su confianza en que recibirá un trato imparcial o un resultado justo si presenta una denuncia contra el Estado. En consecuencia, se merma la capacidad de la población de participar en la construcción de la sociedad y de decidir cómo quiere que se gobierne.

Por ejemplo, Francia ha recibido críticas por la falta de independencia de sus fiscales, que son nombrados por el Ministerio de Justicia y no por las autoridades judiciales. El carácter problemático de este sistema queda especialmente patente en el caso de Eric Dupond-Moretti, Ministro de Justicia francés, acusado de conflicto de intereses y a quien corresponde proponer el nombre de su propio fiscal. El caso Dupond-Moretti ha suscitado muchas dudas sobre la independencia de la justicia y ha empañado el nivel general de confianza de la sociedad en los tribunales.

La independencia judicial es esencial para una democracia sólida, pues garantiza que todo el mundo tenga igual acceso a la protección jurídica, independientemente de su origen o condición social. Por eso, para Liberties, protegerla es fundamental y una de nuestras prioridades de incidencia y de los ejes que documentamos en nuestro informe anual sobre el Estado de derecho.


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