¿Qué significa el derecho a la información?
El derecho a la información es el derecho de la ciudadanía a acceder a la información de interés público que posee el Estado. Está reconocida por las Naciones Unidas como un derecho humano fundamental y está protegida constitucionalmente en muchos países.
El derecho de acceso a la información se compone de dos elementos. El primero asigna a los organismos públicos la obligación positiva de publicar información relativa a sus actividades, políticas y presupuestos. Es decir, el Estado debe ser proactivo a la hora de publicar la información para que la población pueda conocer mejor el funcionamiento de los organismos públicos y evaluar su actuación.
El segundo elemento es reactivo, obliga a los organismos públicos a responder a las solicitudes de información y documentos por parte de la ciudadanía sin exigirles ninguna justificación. En teoría, toda la información de interés público debe estar disponible, pero es posible hacer excepciones si su divulgación pone en peligro otros valores, como la privacidad, la seguridad nacional o intereses comerciales.
¿Cuál es la función principal del derecho a la información?
La función de los gobiernos es actuar siempre por el bien de la población. Si queremos que los políticos rindan cuentas, es preciso tener un conocimiento claro y detallado de sus responsabilidades, acciones y del funcionamiento del sistema político.
Esto es más fácil de decir que de hacer. Entender realmente cómo funciona nuestra maquinaria estatal está fuera del alcance de la mayoría, que nos quedamos mirando desde fuera. Probablemente podamos dar una explicación aproximada de cómo funciona una democracia representativa moderna, pero en la práctica es un sistema complejo compuesto por muchas partes móviles. Con innumerables departamentos gubernamentales y organismos públicos, cada uno con sus propias normas, responsabilidades y legislación, resulta muy complicado comprender el funcionamiento interno del Estado.
Además, la mayoría de las personas está tan ocupada con cuestiones del día a día que no tiene ni tiempo ni ganas de investigar a fondo.
La ignorancia es el caldo de cultivo ideal para la corrupción, la mala gestión y la discriminación, que es exactamente lo que pretenden políticos y empresas sin escrúpulos. La información actúa como antídoto porque arroja luz sobre las irregularidades y fomenta una cultura de la responsabilidad. Por ello, el acceso a la información es un requisito indispensable para una democracia sana, ya que favorece que la población esté informada, participe y se comprometa.
El principio de el derecho a la información se estableció con el fin de reforzar la transparencia, garantizar la responsabilidad del gobierno, mejorar el acceso a la información pública y proporcionar un efecto disuasorio contra la mala gestión y la corrupción. Por esta razón, la ONU sostiene que es un elemento fundamental para preservar el Estado de derecho.
El hecho de exigir transparencia a los políticos, por ejemplo en cuanto a la forma en que gastan los fondos públicos, reduce la probabilidad de que abusen de su poder y aumenta la integridad del cargo. Lo que a su vez fomenta una mayor confianza en el gobierno y ayuda a construir una democracia estable y resistente.
El derecho a la información sostiene el principio del "derecho a saber" y lo utilizan mucho las entidades de supervisión de la democracia, como las organizaciones de la sociedad civil, periodistas y académicos, a la hora de controlar y evaluar el comportamiento del gobierno.
Desde el punto de vista de la protección de datos, se considera importante que la ciudadanía tenga derecho a solicitar el acceso a la información que le concierne en manos del gobierno.
¿Cuán libre es la circulación de la información en el mundo?
Aunque el acceso a la información no está generalizado en todo el mundo, la tendencia hacia una mayor apertura y transparencia va en la dirección correcta.
Suecia fue el primer país que promulgó una ley de derecho a la información con su Ley de Libertad de Prensa de 1766. Esta puso fin a la censura y estableció el derecho del pueblo a acceder a los documentos oficiales de los organismos públicos suecos.
Desde aquellos humildes comienzos, el acceso a la información ha avanzado a pasos agigantados en todo el mundo, especialmente en los últimos 15 años. Mientras que en 1990 apenas 13 países contaban con una legislación sobre el derecho a la información, hoy esa cifra asciende a 118, lo que supone casi el 90% de la población mundial. Estos cambios no solo se traducen en leyes, son también el reflejo de un cambio de mentalidad en favor de una forma de democracia más abierta y transparente. Gracias al reconocimiento jurídico del acceso a la información, la ciudadanía puede ejercer sus derechos y asegurarse de que los organismos públicos actúan de acuerdo con la ley.
Pero aún queda mucho trabajo por hacer. El informe de Liberties sobre el Estado de derecho reveló que en Europa sigue faltando un compromiso real con la transparencia, como demuestran los ataques a las voces críticas de los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil y la escasa transparencia de la justicia. El informe de Liberties evidenció, en concreto, cómo la actitud hostil hacia los medios de comunicación se tradujo en un aumento de las restricciones al acceso a la información de interés público. El acceso a la información sensible se ha restringido en varios países, incluidos algunos con democracias consolidadas: Bélgica, Irlanda, Italia, Hungría, Países Bajos, Polonia, Eslovenia y España, lo que dificulta considerablemente el trabajo de activistas, periodistas, personas que defienden los derechos civiles y organismos de control.
¿Qué es una ley de derecho a la información?
La Ley de Libertad de información es la base jurídica del derecho a la información en la que la ciudadanía puede apoyarse para acceder a la información que poseen las autoridades públicas.
La ley autoriza a la población a solicitar documentos específicos, por ejemplo, pedir una copia de todos los documentos archivados que lleven su nombre y, como hemos señalado antes, consta de dos partes:
- los organismos públicos están obligados a publicar información sobre sus actividades,
- la población tiene derecho a solicitar información a los organismos públicos.
Aunque la legislación sobre libertad de información es una legislación de ámbito nacional, los ciudadanos y residentes de la Unión Europea tienen derecho a acceder a la información de las instituciones de la UE en virtud del artículo 15 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es decir, pueden obtener documentos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea, como información sobre la legislación, documentos oficiales o actas de reuniones.
Cómo ejercer el derecho de acceso a la información pública
Los pasos para solicitar información en virtud de una Ley de libertad de información se describen en la legislación nacional concreta, pero normalmente se sigue una fórmula sencilla.
La persona u organización que busca la información debe presentar la solicitud por escrito, facilitando sus datos personales (nombre y dirección postal/correo electrónico) y describir específicamente la información que busca y en qué formato.
Por lo general, el derecho solo se aplica a la información registrada, es decir, la que se encuentra en ordenadores, correos electrónicos, documentos impresos o manuscritos, además de imágenes, vídeos y grabaciones de audio.
Para leer / escuchar más sobre este tema:
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