El Informe de Liberties sobre el Estado de derecho 2023 es nuestro cuarto informe anual y contribuye a la consulta de la Comisión Europea a los agentes interesados para su Informe sobre el Estado de derecho, que se publicará más avanzado el año. Nuestro informe alternativo es el informe más completo recopilado por una red de ONG. Abarca 18 países europeos y ha sido redactado en colaboración con 45 organizaciones miembros y asociadas.
El espacio cívico es una cuestión clave en el Informe. Los agentes de la sociedad civil, como las ONG, las organizaciones de control, las iniciativas ciudadanas o los activistas de derechos humanos, desempeñan un papel inestimable en la defensa y el fortalecimiento del Estado de derecho. Cuando la gente es libre de organizarse y movilizarse a través de asociaciones, es más probable que los representantes electos presten atención a nuestras preocupaciones. Sin embargo, las conclusiones del Informe indican que los gobiernos de la UE no reconocen suficientemente la importancia de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y, en algunos casos, incluso las atacan para acallar las críticas e impedir que la gente se una para exigir cambios.
Restricciones a la libertad de expresión
Varias de nuestras organizaciones miembros y asociadas informan de que la libertad de asociación está siendo coartada en su país.
Las nuevas
normas que regulan la sociedad civil crean un clima de incertidumbre y miedo.
En los Países Bajos, por ejemplo, preocupa un nuevo proyecto de ley que
permitiría disolver las ONG por motivos de orden público. Esto ya es una
realidad en Francia, donde una ley sobre valores republicanos llevó a la
disolución de las ONG que hacían campaña contra el odio a los musulmanes.
Por otra parte,
en Alemania e Irlanda no se tomaron medidas para resolver los problemas que
desde hace mucho tiempo obstaculizan el trabajo de las OSC: normas inadecuadas y
obsoletas que provocan inseguridad jurídica siguen obligando a las OSC a
limitar sus iniciativas de defensa de los derechos humanos.
Las OSC y los activistas: marginados o silenciados
Los gobiernos europeos parecen estar eludiendo activamente su responsabilidad de fomentar el compromiso cívico. No es de extrañar que las OSC se sientan excluidas cuando se trata de participar en la formulación de políticas. Nuestras organizaciones asociadas en Croacia, Italia y Eslovaquia afirman que el Estado sencillamente no considera relevantes las contribuciones de la sociedad civil. Eslovenia aporta una inusual perspectiva positiva: el nuevo gobierno de centro-izquierda está incrementando el diálogo con las OSC. También se constata una evolución positiva en la República Checa, donde el gobierno adoptó una estrategia que pretende implicar más a las OSC en la formulación de políticas.
Persiste la tendencia a restringir el derecho a la protesta que fue motivada en un principio por las precauciones por la salud relacionadas con la Covid-19, a pesar de que las grandes concentraciones públicas ya no suponen un peligro. Los manifestantes contra el cambio climático, en particular, fueron objeto de críticas y se enfrentan a restricciones desproporcionadas en Alemania, Países Bajos y Suecia. En Bélgica, se ha otorgado a los alcaldes la facultad de imponer una prohibición preventiva de las protestas de quienes se consideran "alborotadores". En Italia, el nuevo gobierno de derechas conmocionó a la sociedad civil cuando anunció su "proyecto de ley contra las raves", suscitando el temor de que pudiera utilizarse para restringir el derecho a la protesta.
Los defensores
de los derechos se convierten a menudo en blanco de las SLAPP, demandas falsas
interpuestas con la única intención de silenciarlos. En Croacia, por ejemplo,
las SLAPP se están convirtiendo en una táctica habitual para intimidar a los
activistas medioambientales.
Las actitudes hostiles de los gobiernos fomentan un entorno inseguro para los activistas
Puede que las autoridades belgas sean las únicas que expresen abiertamente sus prejuicios, pero su descripción de los activistas como "alborotadores" parece reflejar las actitudes de varios gobiernos de la UE. En Eslovenia, Italia y Suecia, los políticos han lanzado campañas de difamación contra las OSC para socavar su credibilidad. Algunos gobiernos obstaculizan activamente el trabajo de la sociedad civil: nuestros miembros describen casos de activistas de derechos humanos acosados, criminalizados y procesados por su trabajo, sobre todo activistas climáticos o las ONG que ayudan a migrantes.
El descrédito
de la sociedad civil por parte de los agentes políticos está fomentando la
percepción negativa de la sociedad civil, creando un entorno de trabajo peligroso
para los defensores de los derechos tanto en Internet como en la vida real.
Muchos países informan de que los ataques, incluida la violencia física, contra
activistas, periodistas y defensores de los derechos siguen siendo un peligro
constante, con los activistas LGBTQI+ especialmente en el punto de mira. Como
nota positiva, Bélgica respondió al aumento de la incitación al odio y los
delitos motivados por el odio, con la elaboración de un nuevo plan para
proteger a la comunidad LGBTQI+, así como un plan contra el racismo.
Lamentablemente, la violencia digital y el acoso en línea, según informan
nuestros miembros y organizaciones asociadas en Alemania, Bélgica, Eslovenia,
Estonia, Irlanda y Rumanía, no se están atajando con la misma urgencia.
Persisten los abusos contra los derechos humanos y no se atienden las protestas de la sociedad civil
Muchas de estas cuestiones se plantearon en el informe del año pasado. Sin embargo, en lugar de abordar las inquietudes planteadas por la sociedad civil o seguir las recomendaciones de la Comisión Europea para cada país, la mayoría de los gobiernos de la UE no han tomado medidas adecuadas para mejorar la situación y, en algunos casos, parecen decididos a continuar en una línea de retroceso.
Cuando los
políticos no escuchan las inquietudes de las personas de a pie, se debilita
nuestra capacidad de moldear la sociedad para satisfacer nuestras necesidades.
Según los colaboradores de Liberties, apenas se ha avanzado en la respuesta a
las peticiones de la sociedad civil para abordar el deterioro de la protección
de los derechos humanos que se produjo durante la pandemia, que afectó de forma
desproporcionada a los grupos vulnerables y exacerbó las desigualdades ya
existentes. La discriminación, los perfiles raciales y la brutalidad policial
siguen sin ser controlados, mientras que migrantes y solicitantes de asilo han
sido objeto de represión ilícita, a menudo violenta, en las fronteras europeas.
Ante los
numerosos retos que se avecinan, desde la invasión rusa de Ucrania hasta el
cambio climático, es vital que los gobiernos presten atención a las necesidades
y las inquietudes de la población para garantizar el respeto de los derechos
humanos. En lugar de considerar a las OSC como el enemigo, los gobiernos deben
optar por apoyar su labor y reconocer el papel de la sociedad civil en el
mantenimiento de la democracia. La UE debe predicar con el ejemplo, aunque el
escrutinio erróneo de las OSC a raíz del Qatargate es un paso preocupante en la
dirección equivocada. La sociedad civil tiende un puente entre el pueblo y el
Estado, permitiendo a la ciudadanía expresar sus opiniones y orientar la toma
de decisiones. Pero corresponde a los gobiernos escuchar.
Recursos
Artículos relacionados:
Informes de países 2023
El Informe ofrece información de 18 Estados miembros de la UE recopilada por 45 organizaciones de derechos humanos, a saber:
- League of Human Rights (Bélgica),
- Bulgarian Helsinki Committee (Bulgaria),
- Centre for Peace Studies (Croacia),
- League of Human Rights, Glopolis (República Checa),
- Human Rights Center (Estonia),
- Vox Public (Francia),
- the Society for Civil Rights, FragDenStaat, LobbyControl (Alemania),
- the Hungarian Civil Liberties Union (Hungría),
- the Irish Council for Civil Liberties, Irish Congress of Trade Unions, Trinity College Dublin School of Law, The Immigrant Council of Ireland, Inclusion Ireland, Intersex Ireland, Community Law and Mediation, Justice for Shane, Mercy Law Resource Centre, Irish Penal Reform Trust, The National Union of Journalists, Age Action Ireland, The Irish Network Against Racism, Outhouse, Irish Traveller Movement, Pavee Point, FLAC-Free Legal Advice Centres, Mental Health Reform (Irlanda),
- Antigone Association, Italian Coalition for Civil Liberties and Rights (CILD), A Buon Diritto Onlus, Association for Juridical Studies on Immigration or ASGI,Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT) (Italia),
- Human Rights Monitoring Institute (LItuania),
- Netherlands Helsinki Committee, Free Press Unlimited, Transparency International Nederlands (Países Bajos),
- the Helsinki Foundation for Human Rights (Polonia),
- Apador-CH (Rumanía),
- Via Iuris (Eslovaquia),
- Peace Institute (Eslovenia),
- Rights International Spain (España),
- Civil Rights Defenders, International Commission of Jurists (Suecia).
Anteriores informes sobre el Estado de derecho
La elaboración de este Informe ha sido financiada por la Unión Europea.
