Democracia y Justicia

Tercer informe de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho: hay avances, pero hacen faltan más medidas

Acaba de publicarse el tercer informe anual de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho en el que se audita la salud de la democracia en la UE. Aunque se agradece la inclusión de recomendaciones por países, no deberían rehuirse las medidas concretas

por LibertiesEU

La Comisión Europea ha publicado su tercer informe anual sobre el Estado de derecho, tras meses de visitas a los distintos países para auditar a cada Estado miembro de la UE. El informe es una evaluación de la salud de la democracia en cada país, y proporciona una visión general de la situación en el bloque.

A principios de 2022, Liberties presentó su propio informe paralelo sobre el Estado de derecho, elaborado con nuestros miembros y organizaciones asociadas, en el que se describía el estado del Estado de derecho desde la perspectiva de las organizaciones de derechos humanos, y se formulaban una serie de recomendaciones a los gobiernos de la UE y a la Comisión Europea sobre cómo abordar los problemas y hacer un buen uso, productivo, de la auditoría anual del Estado de derecho.

Esta última edición del informe de la Comisión refleja muchas de nuestras preocupaciones y muestra ciertos intentos reales por parte de la Comisión para que este ejercicio sea más significativo. Sin embargo, todavía hay margen de mejora.

Un buen punto de partida

Empecemos con la parte positiva: el informe incluye por primera vez recomendaciones específicas para cada país que orientan a los gobiernos sobre cómo deben abordar los problemas identificados, y la Comisión se ha comprometido a "informar sobre la aplicación de estas recomendaciones" en sus siguientes informes. Se trata de un avance muy positivo que responde a las peticiones que desde hace tiempo vienen haciendo las organizaciones de derechos humanos, entre ellas Liberties, con el fin de aumentar el valor añadido y el impacto del informe.

En cuanto al fondo, el informe de la Comisión ha dado en el clavo en lo que respecta a algunas tendencias significativas que también se destacaban en el informe paralelo de Liberties: la presión sobre la independencia de los sistemas judiciales, que sigue siendo una preocupación generalizada; la situación de la libertad de prensa y el espacio cívico en toda la UE, que se ha revelado en general aún más alarmante que el año pasado; y la urgencia de reforzar los controles y equilibrios frente a las prácticas intrusivas de las fuerzas del orden. En este sentido, cabe destacar la atención prestada por la Comisión a cuestiones incipientes como el uso de programas de espionaje.

La mayor atención prestada a la salud del marco de protección de derechos humanos en los países de la UE (la Comisión incluyó por primera vez el grado de aplicación de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como indicador del Estado de derecho, y dedicó mucha más atención al entorno propicio para los organismos nacionales de vigilancia de los derechos humanos, como las instituciones nacionales de derechos humanos o los Defensores del Pueblo) indica también una evolución positiva en el planteamiento de la Comisión.

Sin embargo, algunas limitaciones inherentes al enfoque de la Comisión siguen impidiendo que estos informes ofrezcan una visión honesta y completa del estado de salud de las democracias en la Unión.

Falta una visión 20/20

Aunque el informe de la Comisión refleja una perspectiva más amplia que en años anteriores, el panorama general de la trayectoria democrática de los países de la UE, y en particular el informe sobre el conjunto de la UE, sigue resultando bastante distorsionado.

A pesar de que se presta mucha atención a los esfuerzos de reforma, no se evalúa realmente su impacto y si realmente van en la dirección adecuada.

Y lo que resulta aún más preocupante, el informe sigue careciendo de un análisis contextual del retroceso del Estado de derecho. Hubiera sido más útil si hubiera prestado más atención a los países que registran ataques deliberados a la democracia en todas las áreas temáticas (en concreto, Hungría y Polonia, así como Eslovenia durante el periodo que cubre este informe). Además, la tendencia de regresión democrática grave en toda Europa, en especial el preocupante deterioro del entorno de los medios de comunicación y del periodismo (ataques y difamaciones, amenazas continuas, ataques y restricciones a los actores de la sociedad civil...) merecían un análisis mucho más profundo.

Puntos ciegos

El análisis del informe sobre ciertas cuestiones relevantes -en las que era necesario un mayor escrutinio- apenas salía de lo superficial.

Como señaló el informe de Liberties sobre el Estado de derecho 2022, si bien es cierto que las restricciones de la COVID-19 se están levantando gradualmente en la mayoría de los países de la UE, la normalización de los regímenes y poderes de emergencia ha tenido un profundo impacto en los controles y equilibrios. Esta cuestión apenas se aborda en el informe de la Comisión.

En cuanto a las cuestiones de derechos humanos que afectan al Estado de derecho, siguen existiendo grandes lagunas en cuanto al grado y la forma en que la Comisión informa sobre las violaciones sistémicas de los derechos humanos y la falta de rendición de cuentas al respecto. Asimismo, el informe no cubre, o lo hace de forma muy deficiente, graves deficiencias en materia de derechos humanos en áreas que entran directamente en el ámbito de los informes. Este es el caso, por ejemplo, de la justicia penal, la justicia racial, la responsabilidad de las fuerzas del orden y las restricciones de las libertades civiles, como la libertad de asociación, de reunión y de expresión. Al mismo tiempo, el retroceso en las normas de derechos humanos, las violaciones generalizadas y la impunidad en áreas que quedan fuera del ámbito -más bien estrecho- del informe de la Comisión, ni siquiera se consideran. Sin embargo, como reveló el informe 2022 de Liberties sobre el Estado de derecho, estos retrocesos y violaciones sistémicas, por ejemplo en lo que respecta a las prácticas racistas y la segregación, los fraudes a gran escala en materia de privacidad, las tendencias regresivas en los derechos sexuales y reproductivos y la impunidad de las violaciones generalizadas de los derechos de las personas migrantes, son una mancha en el historial del Estado de derecho de muchos Estados miembros.

Cultiva tus relaciones e involucra a la gente

Aunque, como hemos señalado, la inclusión por parte de la Comisión de recomendaciones específicas para cada país es un paso en la dirección adecuada, como forma de aumentar su eficacia, la identificación y formulación de esas recomendaciones se habría beneficiado de más consultas con especialistas, incluidos los organismos internacionales de supervisión y con organizaciones de la sociedad civil.

La Comisión merece ciertamente un reconocimiento por los avances concretos que ha demostrado en la redacción de este informe, pero estos no bastan para demostrar que, como ya se ha criticado en repetidas ocasiones, los informes sobre el Estado de derecho no son más que un paripé. Las organizaciones de derechos humanos se han comprometido a trabajar con la Comisión, los Estados miembros y otros actores a nivel nacional y de la UE para trabajar sobre la base de este informe con el fin de lograr un cambio real y hallar nuevas formas de mejorar el impacto de este mecanismo del Estado de derecho en beneficio de nuestras democracias. Pero ello dependerá de la apertura de la UE y de los esfuerzos que realice para mejorar el proceso por su parte.

Para que no se le considere una espectadora pasiva, la UE debería adoptar una postura más proactiva para responder a las deficiencias del Estado de derecho señaladas en los informes de la Comisión. La Comisión deberá ser muy diligente a la hora de supervisar e informar sobre la aplicación de las recomendaciones, y es preciso que lo haga con un espíritu de transparencia y responsabilidad. Este ejercicio debería incluir también una relación crítica de las iniciativas que la Comisión, y otras instituciones de la UE, en especial el Consejo, han llevado a cabo utilizando sus poderes de ejecución y sanción. Ya hemos visto cómo la falta de transparencia e inclusión ha generado una gran decepción acerca de la utilidad de otros ejercicios de control, en particular el diálogo de revisión por pares entre los gobiernos de la UE que tiene lugar a puerta cerrada en el Consejo. En segundo lugar, cuando los gobiernos no hagan verdaderos esfuerzos para solucionar las graves deficiencias, deben tomarse medidas rápidas y concretas, desde infracciones por parte de la Comisión a la activación, que debería haberse producido hace tiempo, de sanciones políticas por parte del Consejo contra los gobiernos que persisten en sus intentos de desmantelar la democracia en Hungría y Polonia.

Además, la contribución de los actores de la sociedad civil debe ser mejor valorada, apoyada y aprovechada. Las organizaciones de derechos humanos y otros grupos de la sociedad civil deberían desempeñar un papel más importante en todas las fases del proceso, desde el diseño y la puesta en marcha de la consulta pública que contribuye a la elaboración del informe, hasta la programación y realización de visitas a los países, la redacción del informe y sus recomendaciones, y los debates de seguimiento a nivel técnico y político, tanto en Bruselas como en las capitales. Debería existir una financiación específica para apoyar el trabajo de la sociedad civil, tanto para la elaboración del informe como para emprender acciones de seguimiento (inlcuidos litigio estratégicos si es preciso) y para promover debates a nivel nacional y de la UE sobre las derivas del Estado de derecho y cómo abordarlas.

Por último, deberían realizarse más inversiones para mejorar el compromiso público con el estado de salud de nuestras democracias, y lograr el apoyo a los esfuerzos de la UE, los gobiernos de buena voluntad y la sociedad civil para solucionar las deficiencias sobre el terreno. Para ello, la Comisión podría empezar por hacer que el informe sea más accesible para personas no expertas, simplificando el lenguaje, vinculando el informe y las comunicaciones en torno al mismo en un marco basado en valores, e ideando herramientas de difusión más fáciles de usar. Asimismo, debería fomentarse la formación de las autoridades públicas y de las partes interesadas, incluida la sociedad civil, para que promuevan mensajes positivos y progresistas sobre la importancia de un Estado de derecho en buenas condiciones -algo por lo que Liberties trabaja activamente-, incluso mediante una financiación específica.

Créditos de la simágenes: Kindel Media/Pexel.com