Democracia y Justicia

Día de Europa: un momento para recordar que la UE debe cuidar a las entidades que cuidan de la democracia

El Día de Europa debería servir para recordar que los valores que compartimos solo pueden prosperar cuando se cuidan, y que la UE debe proteger a quienes cuidan de nuestras democracias.

por Israel Butler & Linda Ravo

El Día de Europa es una ocasión para recordar que lo que nos une es más importante que lo que nos separa. La UE ofrece una posibilidad de unión por encima de diferencias nacionales, culturales y religiosas para promover valores que todos compartimos, como la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales. Los políticos populistas autoritarios hacen todo lo posible por dividirnos en función de nuestra procedencia, a quién amamos o a quién rezamos.

Pero en realidad, la mayoría de las personas queremos las mismas cosas: líderes comprometidos, que trabajen por el bien de los ciudadanos y gobiernos que nos brinden las mismas oportunidades a todas las personas. En el Día de Europa es preciso acordarse de las organizaciones de la sociedad civil que, junto con muchos periodistas y otras entidades de supervisión de los derechos humanos, trabajan para hacer realidad estos valores y garantizar que nuestras sociedades sean libres y justas.

Sin embargo, estas entidades defensoras de la democracia cada vez son objeto de más ataques, y no solo por los sospechosos autoritarios habituales. Las campañas de desprestigio orquestadas por gobiernos, las restricciones de financiación y las limitaciones injustas a su trabajo amenazan su existencia y, con ello, nuestros derechos y nuestra democracia.

Los gobiernos dan una vuelta de tuerca

Incluso en países con democracias sólidas, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) soportan presiones considerables. En Francia, una nueva ley permite que el gobierno elimine o deniegue la financiación pública a las organizaciones cuyo trabajo considere que no está en consonancia con los "valores nacionales". Esto último, sin embargo, se ha dejado sin definir, quizá intencionadamente. La reciente disolución de dos grupos, el Colectivo contra la Islamofobia en Francia y la Coordinación contra el Racismo y la Islamofobia, demuestra que el gobierno utilizará este poder.

Recientemente, los gobiernos de Croacia, Estonia, Francia, Alemania, Hungría y Eslovenia han dificultado la vida de las OSC. En Alemania, por ejemplo, los políticos de centro-derecha, bajo la presión de los lobbies empresariales, han aprovechado una legislación obsoleta para que los tribunales fiscales retiren la exención fiscal a las OSC que defienden causas que interfieren con sus intereses, como la protección del medio ambiente.

La situación es mucho peor en países que están llevando a cabo una estrategia deliberada para destruir la democracia. Después de que el Tribunal de Justicia dictaminara que la ley húngara contra las ONGs infringía la legislación de la UE, el gobierno simplemente la sustituyó por otra ley también problemática. El gobierno polaco, que en el pasado ha orquestado campañas de desprestigio contra las OSC que defienden la igualdad de las personas LGBTIQ y el acceso al aborto, ahora acosa a las organizaciones que ayudan a las personas que intentan huir a Polonia desde Bielorrusia.

Desgastar al activismo mediante denuncias falsas

Además de las campañas de desprestigio y las leyes restrictivas, algunos políticos y empresas recurren a denuncias falsas para impedir que las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas saquen a la luz sus conductas ilegales y corruptas. Son los llamados SLAPP: pleitos estratégicos contra la participación pública. Los infractores inician los SLAPP sin pretensión de ganar, su objetivo es utilizar sus recursos para someter a las entidades de supervisión de los derechos humanos a interminables batallas judiciales que agotan sus fondos y desgastan la capacidad de resistencia de activistas y periodistas. El objetivo final es disuadir a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación de sacar a la luz cualquier práctica ilegal o poco ética o de manipular la opinión pública.

Por ejemplo, en marzo de 2022, Greenpeace España y otras organizaciones fueron denunciadas por difamación por la agroindustria Valle de Odieta, tras destapar la contaminación del agua y el suelo de una gigantesca granja industrial de vacas propiedad de la empresa. En Eslovenia, el fiscal del Estado condenó a uno de los líderes de las protestas ciclistas de los viernes a pagar más de 50.000 euros de multa, supuestamente para cubrir los costes de la vigilancia de las protestas antigubernamentales.

Señales positivas que alimentan la esperanza de cambio

La Comisión Europea ha reconocido que los SLAPPs son un problema para la democracia. El mes pasado presentó una propuesta de legislación para tratar de frenarlos. Asimismo, ha intensificado el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil mediante el aumento de las oportunidades de financiación (en el marco del nuevo programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores), y ha prometido estudiar el estado del espacio cívico en un informe que se espera para finales de este año.

En otros ámbitos también hay motivos para la esperanza en el futuro de la democracia. La Comisión ha utilizado por fin nuevos poderes para detener el envío de fondos de la UE a Hungría. El gobierno húngaro empleaba el dinero de la UE para engrosar los bolsillos de sus aliados comerciales, que a su vez le ayudaban a mantenerse en el poder. Y los resultados de las elecciones en Francia y Eslovenia demuestran que los votantes se resisten a la desinformación y la división que vende la extrema derecha.

Pero a pesar de estos motivos de esperanza, este Día de Europa debería recordarnos que los valores que compartimos únicamente pueden prosperar si se cuidan, y que la UE tiene que proteger mejor a quienes cuidan de nuestras democracias. Por ello, si se toma en serio la aspiración de que la democracia nos beneficie a todos, debe fomentar el apoyo público al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, proteger a los activistas frente a los ataques que sufren, crear un marco que les permita llevar a cabo su labor y facilitarles el acceso a la financiación.

Este artículo de opinión fue publicado anteriormente en el EUobserver

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