La pandemia de COVID-19 ha supuesto una gran carga para nuestra sociedad. Las medidas impuestas por los gobiernos de toda la UE han restringido gravemente los derechos de la ciudadanía. Limitar el número de personas que pueden reunirse en un espacio cerrado es una forma razonable y legítima de tratar de contener la pandemia. Pero una prohibición general de todas las manifestaciones, como ha ocurrido en Hungría por ejemplo, es desproporcionada e ilegal.
Los líderes autoritarios de Hungría, Polonia y Eslovenia están explotando la pandemia para hacerse cada vez con más poder. Han utilizado el estado de emergencia para aprobar leyes exprés sin consultar a las organizaciones ciudadanas. El periodismo y el activismo crítico ha sido objeto de intimidación, difamación y acoso. Los políticos corruptos han desviado fondos públicos destinados a apoyar el sistema sanitario para aumentar su riqueza. Estos y otros hechos preocupantes se recogen en el informe sobre la UE elaborado conjuntamente por Liberties y 14 organizaciones miembros y asociadas.
Utilizar los derechos de la ciudadanía para dirigir el barco democrático en la dirección correcta
En los países con instituciones democráticas sólidas, es más probable que los gobiernos tomen decisiones por el bien común. Las consultas públicas y el diálogo abierto significan que los legisladores escuchan un amplio abanico de partes interesadas. El pluralismo mediático y la libertad de información garantizan una mayor transparencia. Los organismos de supervisión independientes y las organizaciones ciudadanas sirven como garantía de que los gobiernos cumplen la ley. Esto es especialmente importante en tiempos de crisis, cuando las decisiones del gobierno pueden significar salvar vidas o ponerlas en riesgo.
Para evitar que los gobiernos abusen de su poder, es imprescindible que exista un sistema judicial fuerte e independiente. Al igual que los árbitros en un campo de fútbol, los jueces deben ser imparciales para que el juego sea justo. Durante la pandemia, los tribunales de las democracias que funcionan han podido revocar las decisiones ilegales de las autoridades. En abril de 2020, el Tribunal Supremo de Alemania declaró inconstitucional una prohibición general de la libertad de reunión. Los jueces dictaminaron que las autoridades y los tribunales locales deben evaluar caso por caso la proporcionalidad de las restricciones al derecho de protesta.El derecho de reunión y la libertad de expresión son derechos fundamentales que pueden influir en el rumbo que se tome para contener la pandemia. La gente debe poder expresar sus preocupaciones y criticar la política del gobierno. En una democracia sana, la ciudadanía puede presionar a sus gobiernos para que cambien o anulen una propuesta de ley. En Francia, por ejemplo, el gobierno presentó un nuevo proyecto de ley que restringía gravemente el derecho de los periodistas a informar sobre las intervenciones policiales. Pero las protestas organizadas en todo el país y la fuerte presión pública obligaron al Parlamento francés a modificarlo.
La libertad de información y nuestro derecho a juntarnos y formar asociaciones dificultan que los gobiernos impongan medidas ineficaces y desproporcionadas. En Croacia, organizaciones de derechos civiles informaron a la sociedad sobre las intenciones secretas del gobierno de vigilar los teléfonos de los ciudadanos. Después de que la noticia se divulgara en los medios de comunicación, el gobierno abandonó sus planes.
En algunos países, sin embargo, los gobiernos han
deteriorado deliberadamente la democracia a lo largo de los años. Como consecuencia, no existen suficientes salvaguardias para evitar que el gobierno instrumentalice la pandemia para su propio beneficio. Y es ahí donde debe intervenir la
UE.
Qué debe hacer la UE para preservar nuestros derechos
La UE tiene toda una serie de herramientas que puede utilizar para impedir que los gobiernos socaven el Estado de derecho. La decisión de la Comisión Europea de llevar a cabo una auditoría anual de la trayectoria democrática de los Estados miembros a partir de 2020 es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, no impedirá que los gobiernos populistas autoritarios socaven la democracia, ni que otros sigan el mismo camino. Para garantizar que los gobiernos abordan los problemas identificados en la auditoría, se necesitan medidas más concretas. He aquí tres recomendaciones.
En primer lugar, la UE debe dejar de prestar dinero comunitario a los gobiernos que atacan deliberadamente la democracia y el Estado de derecho. El mecanismo de condicionalidad del Estado de derecho aprobado en diciembre de 2020 tiene el potencial de cambiar las reglas del juego. Pero la Comisión se muestra ahora reacia a activarlo -una vez más, siguiéndole el juego precisamente a los gobiernos a los que se les debería aplicar primero-. Tras votar a favor del mecanismo, Hungría y Polonia han emprendido acciones judiciales contra este ante el Tribunal de Justicia de la UE. Y, aunque la Comisión confía en que resistirá el escrutinio del Tribunal, prometió no utilizarlo hasta que se pronuncie. Hasta entonces, el partido gobernante de Polonia puede seguir persiguiendo a los jueces independientes y desmantelando el último organismo de control público que queda en el país. Y el primer ministro Viktor Orban puede seguir restringiendo la libertad de prensa para encubrir su mal uso de los fondos de la UE de cara a las elecciones húngaras de 2022. La inacción de la Comisión contradice su obligación de proteger los valores europeos. Esta misma semana, el Parlamento advirtió que llevaría el asunto a los tribunales si la Comisión no actuaba.En segundo lugar, las instituciones de la UE deberían emplear mejor la legislación de la UE para prevenir y abordar los ataques al Estado de derecho. La Comisión tiene la responsabilidad de actuar cuando se viola el derecho de la UE y debería ser más valiente a la hora de hacer uso de sus normas y principios para llevar a los Estados miembros ante los tribunales cuando socavan la democracia. Asimismo, debería emplear su poder de proponer nueva legislación y crear nuevas normas que llenen los vacíos de las leyes nacionales inadecuadas. Por ejemplo, podría proponer normas para obligar a los Estados a proteger a los medios de comunicación y a las organizaciones de derechos humanos de las demandas abusivas (conocidas como SLAPPs).
En
tercer lugar, la UE debe prestar un mayor apoyo a los organismos de supervisión independientes, como las organizaciones de derechos humanos y que defienden la democracia. La
Comisión debe garantizar que la financiación disponible en el marco del
nuevo fondo de Justicia, Derechos y Valores se distribuya de forma que llegue directamente a las organizaciones de base
activas a nivel local y nacional. Asimismo, tanto la Comisión como las demás instituciones
de la UE deben dar prioridad, incluso en el marco de la
auditoría anual del Estado de derecho y de los informes anuales sobre
derechos fundamentales, a las acciones destinadas a vigilar y proteger
mejor a los defensores de derechos humanos y a las organizaciones de la sociedad
civil frente a los ataques en toda la UE.
Sobre el informe
El informe EU 2020: Demanding on Democracy abarca 14 países de la UE.
Es la investigación más completa de este tipo realizada por una red
de ONG que analiza lo ocurrido en 2020. El informe ha sido preparado
por Liberties junto con sus organizaciones miembros y asociadas, para
nutrir la consulta de este año de la Comisión Europea sobre el
estado del Estado de derecho en la UE.
Anteriormente en Liberties:
La corrupción durante la pandemia pone muchas vidas en riesgo
Los gobiernos de la UE restringen a la sociedad civil, las protestas y la libertad de prensa en 2020
