No es la primera vez

La propuesta de prohibir el aborto está de nuevo en la agenda de las sesiones parlamentarias de primavera. A pesar de la oposición pública y las protestas populares, la propuesta de ley se cuela en la agenda del Comité Parlamentario de Derechos Humanos cada año

Los miembros del parlamento que impulsaron la Ley sobre protección de la vida en la fase prenatal en 2013 están de nuevo tratando de restringir los derechos de las mujeres sobre sus propios cuerpos.

Apelando a valores cristianos y a la moral pública, los impulsores ignoran las preocupaciones de las ONG sobre las violaciones de los derechos humanos. Si se adoptan las enmiendas, el Parlamento se convertiría en el juez de situaciones en las que las mujeres deberían decidir legítimamente si quieren o no dar a luz.

Mientras el partido goberante justifica la decisión en base a la bajísima tasa de natalidad en Lituania, que, al parecer, debe promoverse de la forma que sea, la prohibición del aborto tendría un impacto negativo para la salud y la vida de las mujeres.

Zbignev Jedinskij, miembro del Parlamento por el partido minoritario LLRA y uno de los impulsores del proyecto de ley, dijo:

"La Iglesia apoya nuestra ley, la Iglesia y los creyentes son parte de la sociedad. ¿Por qué no podemos pedirles su opinión? Pero nosotros somos de la misma opinión. Existen muchos movimientos en contra de esta ley, que son ilegales, pero esto forma parte de una sociedad que tiene derecho a expresar su opinión. Nunca he estado en la Arquidiócesis, pero soy creyente y esta ley no va en contra de mis creencias".

Por ello, en Lituania, incluso sin que exista una religión de Estado, el partido gobernante apela frecuentemente a los sentimientos de los creyentes cuando trata de aprobar una legislación que viola los derechos humanos.

¿Dos excepciones?

El proyecto de enmienda estipula que una mujer debe dar a luz en todos los casos, incluso si existe una alta probabilidad de que el bebé tenga graves problemas de salud. Es como si a las mujeres se les obligara a establecer una conexión emocional con el feto durante el embarazo, incluso si el bebé no sobrevive.

Todo sea dicho, los legisladores sí establecieron dos excepciones a la prohibición: la primera, cuando el embarazo implica un riesgo para la salud de la mujer, y la segunda, cuando hay motivos razonables para creer que la mujer ha sufrido abuso sexual.

Sin embargo, estas excepciones son cuestionables, pues en ambos casos, ya sea el peligro para la salud o el abuso sexual, necesitan tiempo y pruebas. A pesar de los riesgos, dicha legislación alimentaría el temor de los médicos y los disuadiría de interrumpir los embarazos incluso cuando existan buenas razones para creer que el feto tiene problemas o que la mujer fue víctima de un abuso.

En casos de violencia y abuso sexual, habría más dificultades todavía debido al complicado proceso para lograr que las autoridades policiales tengan en cuenta estos casos: la policía todavía prefiere no registrar estos incidentes, y es muy poco habitual que se realicen investigaciones previas al juicio.

También es importante señalar que el año pasado el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) llevó a cabo una investigación exhaustiva en Irlanda del Norte, identificando violaciones de derechos humanos relacionadas con la salud sexual como resultado de la prohibición nacional del aborto. El informe concluyó que la prohibición del aborto violaba varios artículos de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y el Comité recomendó disposiciones más amplias para el aborto en cuatro circunstancias: en casos de incesto, abuso sexual, enfermedad grave para el feto o una amenaza para la salud de la mujer. El Comité Parlamentario de Derechos Humanos de Lituania también solicitó a la CEDAW que analizará la nueva propuesta de ley de Lituania.

No soluciona los problemas sistémicos

No es muy probable que los esfuerzos por prohibir el aborto reduzcan la tasa; las mujeres de las clases más acomodadas seguirían pudiendo realizarlos en otros países, pues la ley no establece ninguna responsabilidad penal por ello.

La prohibición no solo ampliaría la brecha entre mujeres de distinto poder adquisitivo sino que también propiciaría un "mercado negro" del aborto, que supone un grave riesgo para la vida, la salud y el bienestar psicológico de las mujeres. Las niñas menores de edad también sufrirían exclusión social pues se verían obligadas a proceder con embarazos no deseados.

Debemos prestar más atención a la integración de la educación de género en las escuelas, que cubriría todos los temas relacionados con los derechos reproductivos, el derecho a la vida, la planificación familiar segura y la anticoncepción. A pesar de que reconocen que la mejor forma de reducir el número de abortos es a través de la educación sexual, los parlamentarios que han propuesto el proyecto de ley se siguen ocultando tras la "voluntad de Dios" y los sermones de la Iglesia, sin atreverse a prestar suficiente atención a las soluciones progresistas de los problemas.

El aborto todavía se ve como algo que estigmatiza, incluso como homicidio, por lo que el partido gobernante sigue tratando de atraer a los votantes con puntos de vista conservadores. Si se aprueba esta enmienda, las mujeres se encontrarán atrapadas en un círculo vicioso, donde su capacidad de controlar su cuerpo quedaría totalmente restringida, en lugar de que estuviera basado en los principios de los derechos humanos y en su capacidad de decisión.

Este artículo fue editado el 30 de marzo de 2018 - dijimos previamente que el proyecto de ley estaba en la agenda del Comité Parlamentario de Derechos Humanos, mientras que actualmente solo está programado para ser debatido en el parlamento en la sesión de primavera.