Observatorio de la UE

Tres medidas que debe adoptar la Comisión Europea para favorecer la restauración de la democracia en Hungría

Han pasado seis meses desde que el Tribunal de la UE dictaminó que la ley anti-ONG de Orbán viola la ley de la UE, sin embargo, el gobierno húngaro no ha adoptado ninguna medida para cumplir con la sentencia.

por Linda Ravo
Flickr / ITU Pictures

La Ley sobre ONG húngara está diseñada para silenciar a los grupos de ciudadanos críticos con la corrupción y el creciente autoritarismo. Aquí ofrecemos tres recomendaciones para la Comisión Europea, que es la entidad responsable de garantizar que el gobierno implemente la sentencia.

Hace seis meses, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que Hungría restringió ilegalmente las donaciones y difamó a las organizaciones pro derechos y democracia. El Tribunal ratificó los argumentos de la Comisión Europea, que presentó el caso, y declaró que la ley anti-ONG violaba partes de la legislación de la UE, incluida la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

La guerra de Fidesz contra las ONG que defienden los derechos y la democracia

Desde 2010, el gobierno húngaro ha implementado una serie de medidas que han ido minando la democracia del país, desde ataques a las libertades individuales, casos graves de corrupción, la toma de control de instituciones independientes como los medios de comunicación y los tribunales, y campañas de odio contras las personas que emigran a Europa, convirtiéndoles en chivo expiatorio. Las organizaciones que defienden los derechos y la democracia han criticado estas medidas y han ayudado a los ciudadanos a organizarse para expresar su oposición, por ejemplo, mediante protestas.

Por ello, el gobierno comenzó a atacar a estas ONG, alegando falsamente que sus críticas al partido gobernante constituían una injerencia política, y que estaban patrocinadas por donantes extranjeros que querían desestabilizar el país atacando los lntereses nacionales. En 2017, aprobó una ley que exige que las ONG que reciben donaciones de más de 24.000 euros del extranjero se inscriban en un registro estatal e indiquen claramente en todos sus materiales de comunicación: "financiadas desde el extranjero". Entre otros requisitos, también están obligadas a publicar los datos de cualquier donante de fuera de Hungría que les done más de 1.600 euros al año. Además, la ley otorga al gobierno la facultad de congelar los activos de una organización o poner fin a sus actividades si no la cumplen.

El Tribunal de la UE dictamina a favor de la democracia para los ciudadanos

En el juicio, el Gobierno alegó que el objetivo de la ley era la transparencia, que se supiera de dónde obtienen las organizaciones su financiación pues las ONG financiadas desde el extranjero suponen una amenaza para los intereses políticos y económicos del país. En su sentencia, el Tribunal de la UE subrayó que las ONG desempeñan un papel fundamental favoreciendo que los ciudadanos participen en la gestión de sus democracias y que Hungría no había demostrado ninguna evidencia de que estas se comportaran de manera que interfiriera en la política nacional. Es más, consideró que la ley estaba concebida para impedir que las ONG ayuden a los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, destruyendo su reputación y bloqueando su acceso a fondos.

A día de hoy, el gobierno húngaro no ha adoptado ninguna medida para cumplir la sentencia. Por el contrario, las autoridades están utilizando activamente la ley para restringir el acceso de las ONG a los fondos de la UE.

Liberties, con el apoyo de Hungarian Civil Liberties Union, el Comité Húngaro de Helsinki y Amnistía Internacional Hungría, acaba de publicar un informe de política en el que se indican las medidas que debe adoptar la Comisión Europea para garantizar que el gobierno aplique la sentencia.

Cómo debería la Comisión obligar a que se cumpla la sentencia

Los tratados de la UE obligan a la Comisión Europea a asegurarse de que los gobiernos apliquen la legislación de la UE. Esto incluye supervisar la aplicación de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y llevar a los países de la UE ante los tribunales si no cumplen las decisiones del mismo. Recomendamos que la Comisión Europea haga tres cosas.

1 - Dejar claro que la sentencia obliga la derogación de la ley anti-ONG

La sentencia no deja margen para que el gobierno húngaro pueda enmendar la ley anti-ONG sin más. El Tribunal ha dejado claro que la premisa básica de la ley (que las ONG interfieren en la política) es falsa. Solo eliminando la ley, las ONG podrán volver a realizar su labor de ayudar a los ciudadanos a expresar sus opiniones al gobierno. La Comisión debe dejar claro que la sentencia requiere que el gobierno húngaro derogue la ley en su totalidad.

2 - En caso de que Hungría intente simplemente enmendar la ley, evaluar de forma inmediata dicha reforma

El partido gobernante Fidesz ya se ha opuesto a un proyecto de ley presentado al parlamento por el Partido Socialista Húngaro (MSZP), de la oposición, cuyo objetivo es revertir la ley. Lo que indica que es posible que pretenda simplemente modificar la ley anti-ONG. Si este fuera el caso, la Comisión debería actuar rápidamente y evaluar las enmiendas de forma que corte de raíz la estrategia del Gobierno de ganar tiempo jugando al ratón y al gato con la Comisión mientras la ley sigue en vigor.

3 - Fijar un plazo para volver al Tribunal de Justicia

La Comisión tiene la facultad de volver al Tribunal de Justicia y pedirle que imponga una multa al Gobierno hasta que cumpla la sentencia, y debe dejar claro al Gobierno húngaro que está dispuesta a hacerlo, a menos que el gobierno derogue la ley en el plazo establecido.

Todos dependemos de la UE para proteger nuestros derechos. El tribunal de la Unión ha cumplido su papel. Ahora la Comisión tiene que validarlo garantizando que el Fidesz implemente la sentencia del Tribunal.


Anteriormente en Liberties

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