Los servicios de inteligencia de Gran Bretaña no necesitan una orden judicial para recibir inteligencia ilimitada de la NSA y otras agencias extranjeras, y puede guardar estos datos en una enorme base de datos por hasta dos años, según información reciente de la Sede de Comunicaciones del Gobierno (GCHO por sus siglas en inglés) sobre las políticas de vigilancia secreta interna del país.

Detalles de las políticas internas previamente desconocidos, los cuales GCHO se vio obligada a revelar tras los desafíos legales a las prácticas de vigilancia que surgieron a raíz de las revelaciones de Edward Snowden, muestran que las agencias de inteligencia pueden tener acceso a datos recogidos en los informes diplomáticos de Estados Unidos o a través de las alianzas corporativas con Estados Unidos sin tener que obtener una orden judicial de la secretaria de Estado. Esta posición va en contra de las garantías del Comité de Servicios de Inteligencia hechas en julio de 2013 que indica que siempre debe haber una orden judicial cuando GCHQ busque información desde Estados Unidos.

Salvaguardias débiles

Los "arreglos", como los tilda el Gobierno, sugiere que el material interceptado recibido de agencias de inteligencia extranjeras no está sujeto a las salvaguardias, ya de por si débiles, que se aplican a las comunicaciones interceptadas por el programa de vigilancia del Reino Unido, Tempora. Las agencias de inteligencia británica pueden revisar el material de inteligencia extranjera sin restricciones significativas y pueden guardar dicho material, que incluye tanto los contenidos de las comunicaciones como los metadatos, hasta por dos años.

Las descripciones de las políticas fueron divulgadas a las partes después de una audiencia secreta del Tribunal de Poderes Indagatorios, que está considerando actualmente un desafío a las prácticas de vigilancia de comunicaciones que ha sido presentado por organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, Liberty y Privacy International. Se celebró una audiencia pública del caso en julio, pero estos acuerdos fueron revelados en una audiencia privada a la cual los demandantes se les prohibió asistir. Ahora se revelan algunos detalles sobre las políticas para que los reclamantes puedan proporcionar comentarios.

"Hemos dicho desde el principio que la ley no nos protege de la vigilancia masiva por parte de los servicios de inteligencia," dijo James Welch, director jurídico de Liberty. "La línea que el gobierno adoptó en la audiencia fue la de que existían garantías adecuadas, pero que no se hacen públicas. Dejando de lado si las salvaguardias secretas son apropiadas, el que la revelación fuese a regañadientes indica lo contrario."

Es la primera vez que el Gobierno ha puesto a disposición algunos detalles de estas políticas internas secretas, con el propósito de demostrar que sus extensivas prácticas de vigilancia masiva y el intercambio de material de vigilancia con la NSA están en acorde con la ley. El Gobierno dice que a los acuerdos que tiene significa que sus acciones cumplen con la Ley de derechos humanos, a pesar de que dichos acuerdos siguen siendo secretos e inmunes al escrutinio público.

Acceso a datos en masa

Los arreglos divulgados también ponen en relieve las mínimas salvaguardias y débiles restricciones al compartir inteligencia sin procesar con gobiernos extranjeros. El hecho de que GHCQ puede solicitar y recibir grandes cantidades de datos sin procesar ni "analizar" por parte de agencias de inteligencia extranjeras sin una orden judicial en el lugar, simplemente porque "no sería técnicamente viable" de obtener en el Reino Unido, muestra las deficiencias de la ley en cuanto a la cooperación entre agencias de inteligencia. Bajo estos acuerdos, existe el claro riesgo de que dichas agencias pueden esquivar restricciones legales británicas con el fin de obtener acceso a grandes cantidades de datos.

La liberación de algunos detalles de los acuerdos plantean serias dudas sobre el nivel de supervisión proporcionado por el Comité de Inteligencia y Seguridad, el cual escuchó evidencia de la secretaría de Relaciones Exteriores la semana pasada como parte de su actual investigación a la privacidad y seguridad. En julio del 2013, el ISC realizó una investigación del programa de acceso de comunicaciones de la NSA, PRISM, y aseguró al público que "en cada caso en el cual GCHQ había solicitado información a Estados Unidos, existía una orden de interceptación, firmada por un ministro, respetando las salvaguardias jurídicas contenidas en el Reglamento de la Ley de poderes de investigación 2000."

Esta declaración oscurece si GCHQ podría haber buscado información sin una orden judicial, de esta manera obviando revelar que no son necesarios para el acceso de comunicaciones a intercepciones obtenidas bajo programas como PRISM y Upstream. Además, la declaración de ISC se limita a casos en los que GHCQ busca información específica, pero no estipulan qué procesos existen para cuando recibe datos en masa que no haya solicitado a NSA.