La UE está entrando en la recta final de las negociaciones sobre la Ley de Servicios Digitales, que promete cambiar el funcionamiento de las grandes plataformas para proteger mejor los derechos de la ciudadanía europea. Pero si determinadas propuestas del Parlamento Europeo no se incluyen en el texto final, la DSA podría no conseguir su principal objetivo.
La primera vez que la Comisión Europea propuso la Ley de Servicios Digitales en diciembre de 2020, la Vicepresidenta Ejecutiva, Margrethe Vestager prometió que el nuevo reglamento "ordenaría el caos" refrenando el poder de las grandes empresas tecnológicas y estableciendo nuevas salvaguardas para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos.
Más de un año después, estamos a punto de ver si la UE es tan sabia en los hechos como en las palabras. Las tres instituciones que intervienen en el proceso legislativo de la UE -la Comisión, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo- se reunirán en sesiones tripartitas en las próximas semanas para ultimar la DSA. Si las tres partes no llegan a un acuerdo sobre determinadas propuestas del Parlamento, los derechos fundamentales de la ciudadanía europea no quedarán debidamente protegidos y podría seguir reinando el caos.
La primera de
ellas es el Artículo 13 bis, que prohibiría el uso de los denominados patrones
oscuros: técnicas que intentan engañar a los usuarios para que hagan cosas que
de otro modo no harían. Incluyen de todo, desde procesos de consentimiento
intencionadamente complejos hasta el "privacy zuckering" [privacidad
estilo Zuckerberg] y suelen utilizarse para engañar a los usuarios para que
acepten, sin saberlo, que las grandes empresas tecnológicas tomen y utilicen su
información personal sensible. El artículo 13 bis pondría fin a estos patrones
oscuros y permitiría a las personas tomar decisiones con conocimiento de causa,
sobre cómo y con quién desean compartir sus datos.
Otra propuesta
clave de los eurodiputados es reforzar el Artículo 24, que regula la publicidad
personalizada en línea. La actual industria de la publicidad en línea se
caracteriza por la recopilación de datos personales, como la edad, la
localización, la religión, las inclinaciones políticas e incluso la orientación
sexual, con el fin de adecuar los anuncios a cada usuario. En la mayoría de los
casos, las personas no autorizan de forma consciente esta captación de datos, lo
que supone una evidente violación de su privacidad y del Reglamento General de
Protección de Datos.
Aunque los
eurodiputados no se pusieron de acuerdo en prohibir toda la publicidad
personalizada, sí lo hicieron en una propuesta que prohibiría el uso de datos
personales sensibles, como las creencias políticas y religiosas y la
orientación sexual. Esto supondría un gran paso en la protección de la
privacidad de todos los europeos, y especialmente de los que ya sufren
persecución y discriminación, como las personas LGBTQI+.
También
protegería el proceso democrático. Los datos personales recopilados se utilizan
para manipular el debate público, amplificar contenidos dañinos y sembrar la
división en la sociedad. También se utilizan para seleccionar a las personas e
introducirlas en cámaras de eco, que perpetúan sus prejuicios y limitan el
debate público rico y abierto, necesario en una democracia fuerte y estable.
Hay otra razón por la que la UE debería suprimir los anuncios personalizados: a la mayoría de la gente no le gustan. Una encuesta de YouGov realizada a 2.000 usuarios habituales de las redes sociales en Francia y Alemania reveló que el 57% estaba en contra de los anuncios personalizados de cualquier tipo, y otro 26% manifestó estar en contra de los anuncios políticos personalizados. Los propietarios de pequeñas y medianas empresas tampoco los desean. El 69% contestó que se sentía incómodo con las prácticas de las grandes empresas tecnológicas, pero que consideraba que no tenía más remedio que anunciarse con ellas, dado su dominio en el sector.
Los
eurodiputados añadieron dos propuestas más, ambas al artículo 7, que son esenciales
para proteger a los usuarios de internet. Una elimina cualquier obligación de
"conservar de manera general e indiscriminada los datos personales" y
la otra estipula que no debe haber "ningún impedimento a que los
prestadores de servicios intermediarios proporcionen servicios cifrados".
Estas obligaciones reducen significativamente el riesgo de filtraciones de
datos, robos de identidad, robos de cuentas en línea, vigilancia selectiva y
ciberataques.
La DSA da a la UE la oportunidad de enmendar este sistema fallido. La recolección masiva de datos, que sustenta la publicidad personalizada, es una evidente violación de la privacidad de las personas, y también crea un entorno que mantiene a la gente en una burbuja de información, impidiendo que tomen decisiones con conocimiento de causa, e incluso obstaculizando las elecciones justas. Los usuarios de Internet no quieren ser bombardeados por estos anuncios y las PYME -el alma de la economía europea- no quieren utilizarlos. Además, hay alternativas a la publicidad personalizada, como la publicidad contextual, que puede ser igualmente rentable para los anunciantes.
Debería ser una elección fácil para los funcionarios de la UE y los Estados miembros. Al fin y al cabo, el objetivo principal de la DSA es controlar el poder de las grandes empresas tecnológicas y hacer de internet un lugar más seguro para los usuarios habituales: "ordenar el caos". Si no se adoptan las propuestas impulsadas por el Parlamento Europeo, la DSA corre el riesgo de no conseguir ni siquiera su principal objetivo. Si eso ocurre, los derechos fundamentales de la ciudadanía europea serán los más perjudicados.
