Como consecuencia de este procedimiento de urgencia, el parlamento belga apenas evaluó los proyectos de ley y el debate se limitará a lo estrictamente necesario.
Según la Liga Belga de Derechos Humanos (LDH) y Amnistía Internacional Bélgica, estos proyectos de ley tratan cuestiones muy complejas que implican cambios sustanciales tanto en el derecho penal como en el procedimiento penal, y tendrán un impacto muy real y significativo sobre los derechos básicos.
Es necesaria una evaluación en profundidad
Uno de los proyectos de ley se refiere a la ampliación del concepto de incitación pública al terrorismo, e implica la restricción de la libertad de expresión y el uso del derecho penal como herramienta de prevención. Además, esta modificación no cumple con la jurisprudencia de los tribunales europeos de Derechos Humanos.
Este mismo proyecto de ley también traerá consigo el debate sobre la modificación de la detención preventiva de sospechosos de terrorismo, lo que supone cambios significativos de los paradigmas de la ley penal. Por esta razón, el proyecto de ley merece un debate en profundidad y una evaluación cuidadosa de las disposiciones existentes.
Otro de los proyectos de ley tiene como objetivo reformar y "modernizar" los métodos de investigación especial sobre actividad terrorista. A pesar de que las organizaciones de la sociedad civil siempre han abogado por una evaluación de los métodos existentes, resulta absolutamente imposible analizar cuidadosamente las casi 300 páginas del nuevo texto.
El Parlamento debe cumplir su función
El gobierno ha dedicado muchos meses de trabajo a la preparación de estas medidas, y ahora exige que el Parlamento las vote antes del receso parlamentario.
Es lamentable y peligroso que el Parlamento responda positivamente a la exigencia del gobierno, la revisión de urgencia de proyectos de ley de semejante importancia es completamente inadecuada.
Por ello, ambas organizaciones piden al Parlamento que, antes de adoptar estos proyectos de ley, cumpla con su función y los revise conforme a las obligaciones internacionales de Bélgica en relación con los derechos fundamentales.