Un año de contrastes para la libertad en Lituania

Una mirada al 2018 nos muestra la violencia de género en el centro de los debates, amenazas a la libertad de prensa, un aumento de la injerencia del Estado en la vida privada y cómo la resistencia civil evita consecuencias más negativas.

El gobierno lituano quiere limitar la libertad de prensa y de expresión

El año pasado, el parlamento lituano aprobó unas propuestas de enmienda a la Ley de protección del consumidor cuyo objetivo era prohibir la venta de bienes que "pudieran violar los intereses de la República de Lituania", distorsionar los hechos históricos o degradar la historia del país. Probablemente, se hubieran aplicado también las prohibiciones a libros y otras publicaciones.

En sus observaciones, el Human Rights Monitoring Institute (HRMI) señaló que esta prohibición pretendía establecer una única interpretación "oficial" de la historia lituana, lo que contradice la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El TEDH subraya la necesidad de que exista un debate abierto sobre cuestiones históricas. El Parlamento tomó nota de estas observaciones y retiró las enmiendas.

Posteriormente, el Ministerio de Interior presentó enmiendas a la Ley de protección de altos cargos, con el fin de proteger la autoridad de los dirigentes del país. Las enmiendas permitirían que los miembros del Departamento de protección de personalidades importantes eliminaran cualqueir factor de riesgo que pudiera afectar a la autoridad de los dirigentes políticos de Lituania.

HRMI señaló que las enmiendas son incompatibles tanto con la Constitución del país como con los tratados internacionales, ya que las prohibiciones generales sobre la difusión de información van en contra de las normas internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también declaró que las restricciones a la libertad de expresión deben formularse con precisión e interpretarse de forma estricta.

El periodismo independiente también se vio muy afectado, pues el Centro Lituano de Registros suspendió la práctica de proporcionar datos a los periodistas con fines de información pública. La indignación pública se centró en la decisión del gobierno de no aprobar un proyecto de ley que hubiera permitido que los periodistas reciban la información del Centro. La grabación de audio de esta reunión fue destruida.

Esto suscitó un intenso debate público en el que se afirmó que la grabación de audio era un documento de interés público. Varios cientos de personas se manifestaron a favor de la libertad de los medios de comunicación frente a las sedes del Gobierno y finalmente se restableció el acceso al Registro.

La libertad personal amenazada

Durante las sesiones de primavera se presentó en el parlamento una nueva propuesta para prohibir el aborto en Lituania que proponía que las mujeres llevaran los embarazos a término incluso si el feto sufría una deficiencia grave.

La enmienda obligaría a los médicos a tener pruebas de que el embarazo supone un riesgo para la salud, o es fruto de un abuso sexual para poder practicar un aborto sin consecuencias jurídicas. Esto les llevaría mucho más tiempo y disuadiría finalmente de realizar las interrupciones de embarazo, afectando sobre todo y desproporcionadamente a las mujeres con bajos ingresos, pues las mujeres más ricas tienen la posibilidad de viajar al extranjero para abortar.

La forma en que la policía trata a los sospechosos de delitos relacionados con drogas es otro ejemplo de cómo se están reduciendo las libertades personales en el país. La actuación desproporcionada de la policía durante las redadas en los clubes nocturnos ha dado lugar a denuncias sobre la violación de la libertad personal y la privacidad.

La violencia contra las mujeres en el punto de mira

Cambiar las actitudes sociales hacia la violencia de género ha sido un tema de intenso debate en Lituania en 2018. Un estudio de HRMI reveló que las mujeres víctimas de violencia tenían menos probabilidades de reconocer la violencia económica y sexual, que en general está vinculada a los roles tradicionales de género. El estudio también reveló que muchas mujeres habían tenido malas experiencias con especialistas que deberían haberlas ayudado y que a otras muchas habían sido culpabilizadas por su condición de víctima.

Una de cada dos personas en Lituania todavía piensa que las mujeres víctimas de la violencia sabían en qué tipo de relación se estaban metiendo, y el mismo número de personas piensa que las propias mujeres provocaron la violencia. Support Them, un anuncio de carácter social realizado a finales de año, pretendía llamar la atención sobre el hecho de que la violencia contra las mujeres no es un problema individual, sino social, que requiere la comprensión no solo de la policía, los especialistas y los profesionales de la salud, sino de toda la sociedad en su conjunto. Un avance positivo fue que la presidenta lituana, Dalia Grybauskaitė, presentó el Convenio de Estambul sobre prevención de la violencia contra la mujer para su ratificación por el Parlamento este año.

Por último, podemos alegrarnos de que ninguna de estas iniciativas haya tenido una verdadera repercusión legal. Las protestas públicas a lo largo del año demostraron que la gente puede ejercer presión y frenar los intentos de limitar los derechos humanos. Sentir que somos responsables tanto de nosotros mismos como de los demás nos ayudará a afrontar otros retos para los derechos humanos en el futuro.