Informe de Liberties: ¿Tiene Alemania un problema con el espacio cívico?

La legislación alemana que regula el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil está obsoleta y es demasiado general, dejándolas en una situación de vulnerabilidad frente a los ataques de políticos y lobbys comerciales.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) son cruciales para el buen funcionamiento de una democracia sana. Proporcionan a los ciudadanos herramientas y canales para hablar con sus representantes políticos y garantizan que los gobiernos no se extralimiten en sus competencias.

En Alemania, el Estado reconoce la importancia que tienen las OSC representando los intereses sociales confiriéndoles el estatus de "organizaciones benéficas". Esto las exime de pagar impuestos por las donaciones que reciben y hace que sean elegibles para fondos estatales o de instituciones privadas, dos fuentes claves de ingresos.

El problema: las normas que determinan qué organizaciones reúnen los requisitos para conceder este estatus están obsoletas y no protegen suficientemente a aquellas que representan intereses sociales y facilitan la participación pública en cuestiones que forman parte del debate político actual.

Por ejemplo, las OSC cuyas actividades incluyen deportes con perros o el aeromodelismo pueden justificar fácilmente su condición de organizaciones benéficas, pero aquellas implicadas en la defensa de la infancia, la paz o la justicia social pueden tener dificultades para obtener este estatus. Las que se dedican a la incidencia política, participan en el debate público o representan intereses sociales ante los responsables políticos se han visto especialmente afectadas, porque "sus actividades son demasiado políticas".

Algunos políticos y lobbys han intentado aprovecharse de esto para restringir la labor de las OSC cuyo trabajo no se ajusta a sus intereses. Como consecuencia, organizaciones como ATTAC Deutschland, que hacen campaña sobre cuestiones como la introducción de un impuesto a las transacciones financieras y la Renta Mínima Universal, y Campact, que organiza campañas sobre temas como el uso de pesticidas y la incitación al odio, han sido despojadas de su estatus, provocando, a su vez que otras OSC se autocensuren y limiten su participación democrática por temor a correr la misma suerte.

Otras, como Umwelthilfe, una de las principales organizaciones de protección del medio ambiente, se han enfrentado a una presión similar por parte de políticos de la CDU y CSU con estrechos vínculos con la industria del automóvil. Aunque el Ministerio de Economía y Olaf Scholz prometieron reformar la legislación, a día de hoy todavía no han presentado una propuesta. Sin embargo, la legislación que regula las OSC será adaptada en la Ley de Impuestos Anuales en noviembre. Algunos expertos, como Stefan Diefenbach-Trommer, temen que los responsables políticos no aborden las incertidumbres jurídicas causadas por la legislación y que, por ende, las OSC continúen autocensurándose y limitando su ámbito de actividad por temor a perder su estatus.

Al restringir la actividad de su sociedad civil, Alemania está socavando su papel de defensor del espacio cívico. Liberties insta al Gobierno a que aplique las siguientes recomendaciones en su futura reforma de la legislación:

  • Las OSC que trabajan en cuestiones de interés público, como la protección del clima, el desarrollo de los derechos humanos, la paz, el periodismo sin ánimo de lucro, la justicia social o temas de género, deben ser claramente elegibles para recibir el estatus de entidad benéfica.
  • Se debe permitir que las OSC expresen opiniones coherentes con los objetivos de interés social que defienden y que no deban limitarse únicamente a difundir información sobre estos temas de manera abstracta.
  • Se debe permitir que las OSC organicen actividades de movilización social, como reuniones y peticiones pacíficas, así como que se impliquen en litigios e incidencia política, independientemente de que estos temas formen parte del actual debate político de los partidos.
  • Las OSC fomentan que la democracia funcione adecuadamente construyendo un puente entre la sociedad y los políticos. Si podemos hacerles llegar a nuestros representantes lo que pensamos como sociedad, es más probable que tomen decisiones que nos beneficien a todos. Debemos garantizar que las OSC puedan seguir haciendo su trabajo.

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