El Gobierno belga ha introducido inspecciones sin previo aviso de los hogares de los demandantes de empleo y se ha autorizado el uso de los datos de consumo de energía con el fin de luchar contra el "fraude en las ayudas financieras a las familias".

Este paso atrás reemplaza a la obligación de las autoridades de informar a los beneficiarios sociales de las visitas a domicilio al menos con 10 días de antelación. Esta medida no era perfecta – muchas personas declararon que se les hicieron preguntas muy indiscretas durante esas visitas, por ejemplo–, pero que respeten la privacidad de los beneficiarios, al menos dentro de lo que permite el procedimiento.

La crisis financiera es ahora el agua pasada. Aunque el impacto de la crisis sobre el empleo debería ser exculpatoria para quienes buscan trabajo, el gobierno sigue pidiendo más y más del creciente número de ciudadanos que viven en situación precaria.

Estigmatizar a los desempleados

El desempleado es presentado como responsable de su situación y, en términos más generales, como principal contribuyente a la crisis financiera y su impacto en el presupuesto público. Los desempleados son vistos como especuladores de facto y como potenciales defraudadores.

Este enfoque de las víctimas de la crisis es una estigmatización injusta. La nueva medida inspección de los hogares es especialmente lesiva para la privacidad de las personas que buscan empleo y desproporcionada respecto a sus objetivos. Al mismo tiempo, la Oficina Nacional de Empleo admite que los controles actuales están funcionando hasta ahora.

Nos vemos obligados a llegar a la conclusión de que es siempre la misma clase socioeconómica la que ve cómo son vulneradas sus libertades fundamentales.

La autorización de la utilización de los datos de consumo de energía como medio de control es particularmente arriesgada, toda vez que constituye un paso más allá, nuevo y particularmente peligroso, en la intrusión del gobierno en la vida privada de los ciudadanos.

"Injusticia social flagrante"

Como señaló el Centro de apoyo SocialEnergie de la Federación de Servicios Sociales, en su comunicado de prensa del pasado 4 de mayo de 2015: "[La utilización de los datos de consumo de energía] debe ser rechazado rotundamente. No puede fijarse ningún patrón de consumo medio para permitir la comparación con patrones de consumo sospechosos. El seguimiento del consumo de los solicitantes de empleo sólo pueden efectos de estigmatización y de discriminación. [...] Esta práctica de comunicar los datos privados sería contraria a la legislación actual".

La Liga Belga de Derechos Humanos (LDH) apoya este veredicto y estas conclusiones.

La LDH considera que, aunque la lucha contra el fraude en las ayudas sociales es en sí misma un objetivo legítimo, no puede convertirse en una práctica que hace caso omiso del derecho fundamental a la privacidad del que gozan los ciudadanos. En términos más generales, esta legitimidad se ve amenazada por la injusticia social flagrante que supone la inercia del gobierno en lo que atañe a la evasión fiscal manifiesta y masiva cometida por algunos actores económicos y financieros.

La LDH reitera su exigencia de eliminación del estatus legal de cohabitación y de individualización de los derechos. Esta individualización impediría que las relaciones afectivas y familiares se vean afectadas por los límites impuestos por los programas de ayuda financiera a las familias.