El Tribunal Constitucional de la República Checa ha criticado la incapacidad de los investigadores internos de la policía para esclarecer de manera efectiva un presunto caso de trato inhumano.

Hormigas y una motosierra

El Tribunal Constitucional ha declarado a varios agentes de la policía checa culpables de ejercer violencia contra un activista durante una protesta contra las operaciones de tala ilegal en el Parque Nacional de Šumava. El demandante, Jan Skalík, respaldado por la Liga Checa de Derechos Humanos, presentó una querella criminal contra policías que lo asfixiaron y le pisotearon las piernas.

Además, se echaron después a un lado y permitieron que miembros del personal de mantenimiento del parque le echaran hormigas por el cuello. También invitaron a un leñador, que esgrimió una motosierra encendida a un metro de la cabeza de Skalík con el fin de intimidarlo.

La investigación, barrida bajo la alfombra

Durante la investigación del caso Skalík, las autoridades judiciales actuaron con poco celo y restaron importancia a su declaración. Cuando más tarde Skalík presentó una querella criminal, se rechazó con el argumento de que lo ocurrido no era delito.

Skalík recurrió a todas las instancias legales exigiendo que el caso se investigara debidamente así como acceso personal al sumario, lo que le fue negado con el argumento de que, al no haberse instruido el proceso, la víctima no tenía derecho a acceder a ningún archivo.

De acuerdo con el Tribunal Constitucional, la posibilidad de acceder al sumario es una forma de controlar los procedimientos de las autoridades y la manipulación de los casos.

Inspectores "muy malos"

La Inspección General de las Fuerzas de Seguridad (IGFS), el departamento de asuntos internos de la policía checa, emplea a antiguos agentes, lo que pone en tela de juicio la independencia de la investigación.

En vista de ello, el Tribunal Constitucional ordenó una investigación inmediata de los hechos y la depuración de cualquier responsabilidad criminal, y señaló también que la misma debía llevarse a cabo con la participación de personas independientes que no estuvieran relacionadas con la policía o con la anterior inspección.

"Los procedimientos de la Inspección General de las Fuerzas de Seguridad han sido muy malos desde su creación, y este caso no hace sino confirmar nuestras constataciones de que la IFGS se rige por un escaso respeto al estado de derecho", afirma Zuzana Candigliota, abogada de la Liga de los Derechos Humanos.

Según el análisis, la base del problema es que tanto el personal de la IFGS como el control externo sobre la misma son completamente insuficientes.