A prinicipios de este mes, el Tribunal Constitucional dio la razón a una mujer que había cursado una denuncia penal contra la policía por no haber investigado sus alegaciones de trato inhumano y degradante durante su parto por parte del personal del hospital.

La enfermera que le atendió, sometió a la mujer a una presión muy fuerte durante el parto, causándole una hemorragia que puso en riesgo su vida y la fractura de la clavícula de su bebé. En cuanto salió, interpuso una denuncia penal contra la enfermera y el médico que la atendieron por violencia y trato inhumano, pero la policía apenas investigó el caso: tan solo entrevistó a la enfermera.

El Tribunal Constitucional dio la razón a la mujer estimando que la investigación era del todo inadecuada porque la policía no la interrogó ni a ella ni al doctor que la atendió en el parto. La policía tampoco recurrió a expertos independientes para que realizaran pruebas y denegó el acceso al expediente a la denunciante. Por ello, los requisitos de una investigación eficaz, no se cumplieron, particularmente la implicación de la denunciante en la investigación.

El Tribunal señaló que esta era una investigación que, de acuerdo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debía cumplir los siguientes criterios básicos: debe ser independiente e imparcial, minuciosa y adecuada, rápida y de carácter público.

"Este caso es de gran importancia para otras mujeres que están expuestas a la violencia obstétrica en los hospitales checos. Como ejemplo, se citan intervenciones sin el consentimiento o incluso contra la voluntad explícita de la paciente. En este caso en particular, se realizó una fuerte presión sobre el abdomen, un procedimiento totalmente prohibido, que puso en riesgo la vida de la mujer. Hay muchos casos documentados de madres o bebés que mueren tras este tipo de procedimientos", explicó Zuzana Candigliota, abogada de la Liga de Derechos Humanos.