Tecnología y Derechos

Uno de cada seis de los niños alojados en Centros de Crisis en Bulgaria no tiene acceso a la educación

El estado de la educación en los centros de crisis para menores en Bulgaria constituye un problema acuciante de acuerdo con un nuevo informe del Comité Helsinki de Bulgaria (BHC).

por Bulgarian Helsinki Committee

La última investigación del BHC señala que no hay ninguna resolución judicial ágil para las situaciones a largo plazo de los niños y niñas que han sido trasladados a centros de crisis. En el derecho búlgaro, la audiencia y la decisión del tribunal tardan un mes en llegar, lo cual, comparado con otros países, es un plazo muy largo. Sin embargo, los datos analizados muestran que las instituciones no cumplen ni siquiera con estos plazos.


Las decisiones tardan meses

La investigación encontró problemas en 79 casos de alojamiento (27 % del total de casos). En realidad, la decisión judicial propiamente dicha se anuncia dos o tres meses después de que se ha ubicado al niño o niña en un centro de emergencia y aún existen varios casos sin decisión judicial.

El periodo de tiempo máximo que un niño o niña puede permanecer en un centro de crisis son seis meses, que es demasiado tiempo y pervierte el papel de un servicio diseñado para cuidados especializados. Por este motivo, centros que deben garantizar un apoyo especializado para niños y niñas en riesgo se están viendo transformados en centros de acogida convencionales.

De acuerdo con los expertos, el plazo ideal para tener impacto y superar la situación de emergencia en la que se encuentra el niño o niña es de seis semanas como máximo. Entre 2015 y 2016, el número de niños y niñas alojados en centros de emergencia era 289 y solo en 29 casos (en uno de cada 10) la estancia del niño/a en las instalaciones fue de solo un mes.


La educación es la clave

De acuerdo con los directores de los centros de crisis que visitó BHC, se hace demasiado hincapié en el carácter residencial de las instalaciones, en lugar de en los cuidados especializados y en el apoyo individual (psicológico, legal, social) que se debe ofrecer a un niño en una situación crítica, en particular cuando se trata de un alojamiento de emergencia.

La educación es el elemento clave para la permanencia legal de los niños y niñas en este tipo de centros. Para el periodo 2015-2016, el 17 % de los residentes en los 15 centros de crisis existentes en el país no tenía acceso a la educación. Esto significa que uno de cada seis niños/as se ve temporal o permanentemente privado de educación debido a motivos convencionales o a una actitud negativa hacia las y los niños problemáticos, falta de interés de las instituciones, obstáculos burocráticos como la no presentación de los documentos necesarios, falta de regulaciones, etc.

La mayoría de los niños y niñas tienen una alfabetización muy deficiente, que no se corresponde con el nivel educativo cursado: muchos de ellos apenas pueden leer y son incapaces de escribir y no poseen el conocimiento ni las habilidades fundamentales. Los niños y niñas que han abandonado el sistema educativo antes de su alojamiento en un centro de emergencia tienen un riesgo mayor de verse privados de educación después de entrar en el centro de emergencia.


Deberes pendientes del gobierno

El Ministerio de Educación debe comprometerse claramente para resolver este problema. Para ello, el gobierno debería: asegurar métodos individuales y adecuados para la educación de los niños y niñas que se ven expulsados de manera permanente del sistema educativo; hacer un seguimiento regular de la educación ofrecida en los centros de emergencia; reducir drásticamente el tiempo que se tarda en matricular a los niños y niñas maltratados en un nuevo centro escolar; y por último, pero no por ello menos importante, suprimir para los niños y niñas en una situación crítica la restricción normativa que impide que los niños y niñas maltratados se cambien a un nuevo colegio los 30 últimos días del fin de curso escolar.