Drahomira Miklošová, alcaldesa de Obrnice, quiere decidir quién puede vivir en su ciudad. Ha afirmado en repetidas ocasiones que el regreso de Inglaterra de un gran número de familias romanís es un problema grave. "Se puede tratar de integrar e iniciar una serie de programas para asistir a un determinado número de ciudadanos romanís en la comunidad, pero si alcanza un 50%, se vuelve imposible de gestionar. Quiero decidir quién sí y quién no puede registrarse aquí." El Ministerio de DDHH alegó que esa exigencia es inaceptable en una sociedad democrática como la República Checa.