El Tribunal Supremo de Irlanda ha dictaminado que la prohibición de que trabajen los solicitantes de asilo viola el derecho constitucional al empleo. El caso fue presentado por un hombre birmano que lleva ocho años sin poder trabajar debido a su estatus de refugiado. El tribunal dijo que el Estado puede imponer restricciones legítimas al empleo para los solicitantes de asilo, pero consideró que la actual Ley de Refugiados había eliminado completamente el derecho al trabajo.