La Liga Belga de Derechos Humanos (organización miembro de Liberties) y la Unión de Magistrados, las dos partes solicitantes, celebran que el Tribunal Constitucional haya decidido, en su Resolución 148-2017 de diciembre de 2017, rechazar la ley adoptada el 5 de febrero de 2016 conocida como "Pot-Pourri II", que modificó los procedimientos y reglamentos de la ley penal.

La decisión del Tribunal Constitucional supone una reprimenda al gobierno por tres secciones de la ley Pot-Pourri II.

1. El Tribunal Penal resurge de las cenizas

El Tribunal Constitucional ha criticado la "correccionalización" sistemática de las causas penales. Según este, el legislador ha distorsionado la noción de circunstancias atenuantes para abordar una cuestión de procedimiento penal (aliviando al Tribunal Penal), pero sin reducir las sanciones aplicables.

Además, el Tribunal Constitucional ha colocado al ciudadano en el centro del debate: considera que un jurado debe participar en el ejercicio de la justicia penal. Según el tribunal, el gobierno no debe limitar el "derecho al desarrollo social" cuando no está justificado por razones de interés público.

2. El juez de instrucción, un actor clave en el juicio penal

La interferencia con el derecho al respeto a la vida privada y la inviolabilidad del hogar constituye una intromisión muy grave. Por ello el tribunal ha declarado que un registro solo está permitido si existe una orden emitida por un juez de instrucción. Tal juez es el único actor que cumple con los criterios de independencia e imparcialidad.

3.El fin de la discriminación hacia los presos extranjeros sin permiso de residencia

El tribunal ha criticado la exclusión sistemática y absoluta de los extranjeros sin permiso de residencia en Bélgica en la nueva regulación sobre la privación de libertad.

Según el tribunal, el trato diferenciado basado en el derecho de residencia no está justificado y supone una incoherencia en la protección de los derechos fundamentales.

La Liga de Derechos Humanos y la Unión de Magistrados celebran la decisión del Tribunal Constitucional, pues es una sentencia histórica en la historia de la justicia penal belga.

Ambas organizaciones lamentan sin embargo la actitud del gobierno, que ha sido criticado unánimemente por la comunidad jurídica y académica, pues esta situación supone un coste alto en tiempo y dinero y es una fuente de inseguridad jurídica para cada litigante.

La Liga de Derechos Humanos y la Unión de los Magistrados han llamado la atención del gobierno en múltiples ocasiones sobre la falta de coherencia de ese enfoque, que consiste en sustituir una parte sustancial del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal por medidas ad hoc en lugar de implementar una reforma integral del derecho penal y de los procedimientos penales.