Suecia no está atendiendo adecuadamente a los sospechosos de delito con necesidades especiales, como por ejemplo a las personas con alguna discapacidad, según un informe alternativo de Civil Rights Defenders que fue enviado a la Comisión Europea a finales de noviembre.
'Grandes deficiencias'
Suecia carece de procedimientos para identificar las vulnerabilidades especiales durante los procesos penales. Las autoridades no investigan si un sospechoso tiene un problema de comunicación o si comprende la comunicación tanto escrita como oral durante un interrogatorio policial, los procedimientos judiciales o la detención.
"Se trata de crear las condiciones adecuadas para el individuo.Si él o ella tiene una discapacidad intelectual, deterioro cognitivo o dislexia que afecta su capacidad de acceder a la información o entender lo que se dice, la información debe llegarle de otro modo. Existen grandes deficiencias en este campo en Suecia actualmente.", afirma Annika Jyrwall Åkerberg, abogada de derechos humanos que trabaja con Civil Rights Defenders principalmente sobre instituciones cerradas.
Sospechosos vulnerables
Otro gran defecto identificado por Civil Rights Defenders es la falta de acceso a atención médica o experta y a medicación para los internos.
"Si una persona no se siente bien mentalmente, su capacidad de representarse a sí misma en el juicio se verá perjudicada. Por ello es imprescindible garantizar el acceso a medicamentos, atención psiquiátrica y sanitaria para que la persona en cuestión se sienta lo mejor posible y pueda participar en el proceso penal", explica Jyrwall Åkerberg.
La Comisión Europea ha ofrecido recomendaciones a los Estados miembros sobre cómo se debe atender a los sospechosos de delitos que pertenezcan a grupos especialmente vulnerables para proteger sus derechos humanos durante los procesos penales.
Recomendaciones
En su informe, que también analiza la forma en que Suecia trata a los niños y ancianos en los procesos penales, Civil Rights Defenders ha ofrecido recomendaciones al gobierno sueco sobre cómo abordar los problemas identificados y las violaciones.
Civil Rights Defenders insta al gobierno a:
- que asegure el acceso continuo a atención especializada y medicación para todos los reclusos;
- que elabore uans directrices para que todos los sospechosos o acusados estén informados de sus derechos de una manera que puedan comprender;
- que aumente la sensibilización de los asesores legales sobre cómo las discapacidades pueden afectar la capacidad de una persona para participar en procesos penales.
Civil Rights Defenders se reunirá con representantes del Departamento de Justicia para discutir las áreas problemáticas que se han identificado, así como propuestas concretas para solucionarlas.
