Dimitar Rossenov tenía 2 años y 8 meses cuando, en 2003, le amputaron desde el hombro su única mano funcional (en la otra tiene una parálisis congénita). La causa de la amputación fue una necrosis provocada por gomas y un "guante" demasiado apretado. El equipo le había puesto semejante guante para impedir que Dimitar se metiera la mano en la boca y vomitara, algo que él hacía porque le ardía la garganta debido a la grave y no tratada enfermedad por reflujo gastroesofágico que padecía.

Después de que los medios de comunicación sacaran el caso a la luz, el Ministerio de Sanidad y el Organismo de Protección de la Infancia abrieron una investigación y descubrieron que la mano de Dimitar llevaba más de un día atada sin prescripción médica, el equipo no había hecho ningún seguimiento del estado del niño, su enfermedad no estaba adecuadamente registrada, ni tampoco se apuntaba nada con respecto a su evolución. El director del centro recibió una reprimenda.

A pesar de la necesidad demostrada de seguimiento médico constante para Dimitar, el Estado le trasladó a una residencia para jóvenes con discapacidad mental en el pueblo de Vidrare, no a un hospital. En la actualidad, Dimitar sigue viviendo en una residencia.

Petición de representación

Desde 2013, el Comité Búlgaro de Helsinki (BHC) ha enviado muchas cartas al fiscal, exigiendo una investigación adecuada del grave daño provocado a Dimitar. Más tarde, la organización expresó su preocupación sobre los procedimientos previos al juicio.

El 14 de febrero de 2017, el BHC recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instando al tribunal a reconocer el derecho del BHC a presentar una demanda en nombre del niño, que es incapaz de formar y expresar su voluntad ante un tribunal a causa de su discapacidad mental y porque sus familiares nunca han mostrado ninguna preocupación por él, ni tampoco el país, que tiene su guardia y custodia.

La protección de los niños institucionalizados con discapacidades es una de las actividades principales del BHC. En 2009, a causa de la negativa de la fiscalía de investigar las prácticas de maltrato infantil de índole penal en los denominados "hogares", el BHC presentó una demanda contra la Oficina del Fiscal de Bulgaria por vulnerar la ley de protección contra la discriminación. En la demanda se afirmaba que cuando los niños de estos hogares tienen una discapacidad mental y no cuentan con familiares u otras personas que les defiendan, la fiscalía está obligada a investigar cuando hay pruebas evidentes de negligencia grave y una tasa de mortalidad elevada.

6 años, 0 investigaciones

En 2010, el Fiscal Jefe, Boris Velchev, entró en contacto con el BHC y le pidió una colaboración. El BHC y la fiscalía llevaron a cabo estudios conjuntos en 26 "hogares" de características similares que existían. Se encontró mucha documentación del elevado número de muertes de niños: 238 en 10 años, en la mayoría de los casos por malnutrición y negligencia.

Desde entonces, el BHC ha hecho seguimiento de más de 240 procedimientos de instrucción judicial y de expedientes de fiscalía para un total de 350 niños. A lo largo de más de seis años de investigación, la fiscalía no ha presentado cargos por maltrato en ni un solo caso. En lugar de ello, concluye invariablemente todas las investigaciones sin llegar a los tribunales.

En ese mismo periodo, el BHC presentó denuncias ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cinco casos.

Aunque el proceso de desinstitucionalización empezó hace años y hay un acuerdo para el cierre de un gran número de hogares para la atención médica y social, no se ha realizado ningún plan de cómo proceder en el futuro y este es el motivo por el cual estos "hogares" siguen existiendo y siguen aceptando nuevos niños.