Según el Tribunal de Apelación, la apelación de las ONG es inadmisible en virtud del derecho administrativo y, por lo tanto, ha sido desestimada. Las ONG están muy decepcionadas con esta resolución, pero les complace al menos tener por fin algo claro: para impugnar una licencia de comercio de armas una ONG debe acudir a un tribunal civil.

Durante mucho tiempo, no ha estado claro si una organización de derechos humanos podía impugnar una licencia de comercio de armas en un tribunal y, en en ese caso, a qué tribunal debería recurrir.

Derechos humanos y comercio de armas

En 2002, varias ONG, entre ellas PAX y Stop Wapenhandel, impugnaron una licencia de comercio de armas en un tribunal civil. El juez que presidía el caso dictaminó que el tribunal civil no era el foro adecuado y que debería haber sido impugnada ante un juez administrativo.

En 2015, PILP-NJCM, PAX y Stop Wapenhandel apelaron la concesión de una licencia de comercio de armas por el gobierno neerlandés a Egipto. Según estas organizaciones, la licencia no debería haber sido otorgada, pues el gobierno no había tenido en cuenta, o al menos no suficientemente, la situación de los derechos humanos, ni tampoco la participación de Egipto en el bloqueo de Yemen.

Cuando concede una licencia de comercio de armas, Países Bajos está obligado a realizar una investigación sobre la situación de los derechos humanos y el respeto del derecho internacional en los países de destino. De acuerdo con PILP-NJCM, el gobierno no realizó esa investigación de forma adecuada. PAX y Stop Wapenhandel creen que la licencia de comercio de armas es perjudicial para la situación en Oriente Próximo.

Sentencias defectuosas

En este caso de larga duración, las ONG han acudido cuatro veces en dos años a los tribunales. Consideran que debería ser posible debatir la legalidad de una licencia de comercio de armas que concede el gobierno cuando los derechos humanos están en juego. Aún así, todos sus casos han sido declarados inadmisibles y desestimados. La nueva legislación aduanera neerlandesa, basada en el Código Aduanero de la Unión Europea, anula el derecho administrativo en estos procedimientos legales, porque el comercio de armas no "afecta directa e individualmente" a las ONG.

Las ONG no están de acuerdo con esto, pues, entre otras cosas, la ley administrativa sí permite procedimientos judiciales similares entre comerciantes de armas y el gobierno. Además, la legislación administrativa neerlandesa si habría permitido que las organizaciones impugnaran la licencia, si no fuera porque al adoptar la ley Europea, algunas partes de la legislación administrativa quedan anuladas.

Las ONG están decepcionadas: han perdido este caso por una razón de procedimiento, pues el juez no ha discutido siquiera los argumentos sustanciales en contra de esta licencia específica de comercio de armas. Aún así, al menos es importante que ahora se haya aclarado por fin que, si una ONG quiere impugnar una licencia de comercio de armas, debe acudir a un tribunal civil.