Varias asociaciones pidieron ayer a los parlamentarios belgas que votaran en contra de un proyecto de ley que levanta el secreto profesional de los empleados públicos de la seguridad social en el contexto de la lucha contra el terrorismo. Esta reforma, muy criticada por el Consejo de Estado, debilita la relación de confianza entre los beneficiarios de ayudas sociales y los trabajadores sociales. Con esta ley, los trabajadores sociales tendrán que comprobar (a la par que realizan su trabajo asistencial) si alguno de sus beneficiarios muestra indicios de participación en acciones terroristas.