Los legisladores lituanos están tratando de ampliar el alcance de la ley para restringir los derechos de las personas vinculadas al crimen organizado.

El nuevo proyecto, cuyo nombre oficial es ley de Prevención y Control del Crimen organizado, prevé al menos nueve medidas destinadas a limitar el derecho personal a la libertad, la propiedad y la privacidad.

Severas medidas

Los tribunales podrán prohibir a alguien entrar en contacto con determinadas personas, cambiar su lugar de residencia (con la obligación de estar presentes en el mismo en horarios determinados), desplazarse a determinados lugares o conducir vehículos, y también podrán exigir que se informe de cualquier transacción de más de 1500 euros.

Por otra parte, los tribunales podrán ordenar el embargo de bienes, obligar a una persona a declarar los mismos y demostrar su legitimidad, prohibir temporalmente la realización de una actividad determinada u ordenar que una persona sea monitorizada electrónicamente (brazalete).

De acuerdo con Karolis Liutkevičius, experto legal del Instituto de Seguimiento de los Derechos Humanos, aunque en términos de severidad estas medidas son equivalentes a las utilizadas en procedimientos penales, carecen al mismo tiempo de las garantías procesales de estos últimos para la protección de los derechos humanos:

"Las medidas son aplicables cuando las personas desoyen las advertencias legales que se les han hecho para no romper la ley. No está claro por qué, en esas circunstancias, las autoridades policiales no inician simplemente investigaciones previas al juicio", dijo Liutkevičius. "Por otra parte, el proyecto de ley establece un procedimiento 'simplificado' para la aplicación de estas medidas, pero carece de cualquier protección contra el abuso, por ejemplo, al especificar que las medidas en cuestión solo deben utilizarse en circunstancias excepcionales."

Sin posibilidad de queja

De acuerdo con Liutkevičius, el mayor problema con el proyecto de ley es que las personas concernidas no tendrían capacidad de hacer uso de los derechos y garantías que les corresponden en los procesos penales, como el derecho a interpretación y traducción, el derecho a la asistencia jurídica garantizada por el Estado, el derecho a presentar pruebas y otros.

La ley permitirá a las autoridades embargar los bienes de una persona, pero, de nuevo, esta medida carece de las adecuadas garantías de procedimiento que determina la ley penal. Los agentes también podrán filmar, fotografiar y tomar datos biométricos de las personas sometidas a medidas de control (mediante advertencia oficial u orden judicial).

"Una vez más, a juzgar por el contenido, se trata de las mismas medidas coercitivas que se utilizan en los procesos penales, pero al contrario de lo que estipula el Código de Procedimiento penal, el interesado o interesada no tiene capacidad para recurrirlas y por lo tanto no puede defender sus derechos", señala Liutkevičius.

El proyecto de ley contiene otra disposición preocupante: se establece que si una persona no se presenta a una citación judicial, el tribunal debe ordenar su detención temporal hasta por 48 horas. "La corte no tiene discreción con respecto a la detención, debe ser ordenada en todos los casos", según Liutkevičius.

El Instituto de Seguimiento de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de Lituania han instado al Comité de Derechos Humanos a que rechace el proyecto de ley.