El mariscal del Sejm polaco, Marek Kuchciński, anunció a mediados de diciembre que a partir del inicio de 2017, los periodistas tendrían restricciones a la hora de cubrir las sesiones parlamentarias.

Los cambios incluirían, entre otros, la prohibición de grabar vídeo y audio durante las sesiones plenarias (la única grabación de video permitida será con las cámaras oficiales instaladas en la sala de sesiones plenarias); limitaciones al acceso de la prensa al edificio parlamentario; y la restricción del número de periodistas por medio que reciba el permiso de entrada permanente a la cámara.

El anuncio dio lugar a protestas de miembros de la oposición que bloquearon durante un mes el acceso al estardo en la Cámara, y manifestaciones espontáneas que tuvieron lugar frente al Parlamento y que continuaron hasta altas horas de la madrugada.

La Fundación Helsinki de Derechos Humanos (HFHR) pidió al Parlamento que no introdujera cambios tan radicales, insistió en que la prensa "deben poder informar adecuadamente sobre lo que ocurre en el Sejm" y recalcó que "la introducción de limitaciones desmedidas y excesivamente restrictivas al trabajo de los corresponsales parlamentarios, les incapacita para llevar a cabo su responsabilidad fundamental como medios de comunicación, que es ser los 'vigilantes públicos'".

Tras la fuerte reacción y las protestas de la oposición frente al Parlamento, Karczewski dijo que no se introducirían los cambios propuestos y que se presentaría una nueva propuesta el 6 de enero. Sin embargo, aún no se han presentado.

HFHR preparó comentarios sobre las normas para los periodistas que trabajan en el Parlamento polaco, presentó normas internacionales pertinentes para regular el trabajo de la prensa en el Sejm y formuló recomendaciones generales a este respecto

El Tribunal Constitucional

Después de los acontecimientos en el Sejm, las restricciones también afectaron a los periodistas que cubren los juicios en el Tribunal Constitucional.

El 10 de enero, la jueza Julia Przyłębska, recientemente nombrada por el presidente como nueva presidenta del Tribunal Constitucional, prohibió la entrada de periodistas en la sala del Tribunal.

Justificó su decisión alegando que "la presencia de los medios de comunicación en un procedimiento causa caos y el interés excesivo de la prensa no facilita un análisis sereno de un caso".

HFHR advierte que privar a los medios de registrar los procedimientos llevados a cabo ante el Tribunal Constitucional, impide la cobertura en directo de audiencias constitucionales, lo que constituye una seria interferencia con el derecho de la prensa a proporcionar información y el derecho de la opinión pública a recibirla.