Tecnología y Derechos

El gobierno neerlandés discrimina a las personas que viven en caravanas

El Ministerio de Interior discrimina a las personas que viven en caravanas al incluir una opción "cero" en su manual para los municipios sobre "La residencia en caravanas", según el Instituto Neerlandés de Derechos Humanos.

por Nina Kesar

Con esta declaración del 1 de mayo de 2017, el Instituto Neerlandés de Derechos Humanos ha dictaminado que el gobierno discrimina a los romanís, sinti y a las personas que viven en caravanas. La intervención del Public Interest Litigation Project (PILP) del Comité Neerlandés de Juristas por los Derechos Humanos desempeñó un papel importante en la tramitación del caso.

El caso se refería a una denuncia de un grupo de residentes en caravanas sobre las directrices que el gobierno proporcionó a los municipios en 2006. Debido a la descentralización de la política de vivienda del gobierno neerlandés, los municipios son los responsables de garantizar el derecho de las personas que viven en caravanas a residir en las mismas..

Para apoyar su trabajo, el gobierno creó un manual sobre "La residencia en caravanas" cuya función era guiar a los municipios para que desarrollen sus políticas sobre la residencia en caravanas.

En el manual, se ofrecen cinco opciones de actuación, bajo las cuales hay una opción "cero", también conocida como una "política de extinción", pues su objetivo es que desaparezcan las caravanas.

La "política de extinción" es discriminatoria

El Instituto Neerlandés de Derechos Humanos en 2014 ya había declarado que la política de extinción es discriminatoria. En su sentencia actual aclara que el gobierno ha incurrido en una distinción prohibida al incluir la opción "cero" en su manual.

El Instituto concluyó, de acuerdo con el argumento de PILP, que

"al optar por incluir la opción 'cero' como opción de actuación, el acusado no solo ha generado más discriminación sino que también la ha legitimado".

PILP aplaude esta sentencia. El gobierno no puede despreciar la cultura de quienes viven en caravanas, y debería proteger tanto a las personas que viven en estas como su cultura.

Esperamos que el gobierno desempeñe un papel más positivo en la protección de esta cultura y proporcione a los municipios unas directrices que incluyan en sus políticas de vivienda a las personas que residen en caravanas.

Si no lo hace, PILP considerará llevar a cabo acciones legales.