Rights International Spain ha remitido un informe sombra para que lo tenga en cuenta el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) durante su examen a España los próximos 26 y 27 de abril. Y es que, contrariamente a lo que se suele decir, el racismo no es una cuestión superada en España. En las próximas líneas resumimos algunas de las principales carencias.

En España no hay una Ley integral para la igualdad de trato y no discriminación.

En el año 2011 se presentó en el Congreso un Proyecto de Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación que, de aprobarse, habría supuesto un avance importantísimo en la lucha contra la discriminación puesto que se daría cumplimiento en nuestro ordenamiento jurídico a las principales obligaciones internacionales de España en esta materia. No obstante, la tramitación del Proyecto de Ley se paralizó durante la legislatura de la mayoría absoluta del Gobierno, dejando desprotegidas a las víctimas del racismo y la xenofobia.

No existe un mecanismo independiente y eficaz de lucha contra la discriminación.

En España existe un Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica. Sin embargo, este organismo no es eficaz en la lucha contra el racismo dado que no es independiente y no tiene competencias para tramitar quejas o litigar.

España carece de una política unitaria de lucha contra el racismo.

El Gobierno no ha aprobado ninguna política integral y unitaria de lucha contra el racismo y sin voluntad política es imposible erradicar el racismo.

No se recogen los datos necesarios para luchar contra el racismo y la xenofobia.

Sin datos desagregados acerca de la composición étnica de la población y de las conductas discriminatorias es imposible diseñar debidamente una política efectiva que pueda combatir el racismo. Las autoridades se escudan en que la recolección de estos datos sería contraria a la normativa en materia de protección de datos personales. Sin embargo, desde la propia UE (que es donde se origina esta normativa), se ha dicho en reiteradas ocasiones que estas normas no impiden que se recoja datos sobre la composición étnica, siempre y cuando se haga de forma anónima y respetando una serie de salvaguardias.

La formación a la policía en materia de lucha contra el racismo es muy deficiente.

La formación en materia de derechos humanos (incluyendo la formación sobre lucha contra la discriminación) que se imparte a los agentes es muy deficiente. Se reservan muy pocas horas lectivas y se imparte de manera muy teórica; no se forma a los agentes en cómo respetar los derechos humanos y combatir la discriminación en el ejercicio de sus funciones.

La policía controla a las personas por su apariencia racial o étnica.

En España, si no eres una persona blanca o “caucásica”, tienes muchas más posibilidades de ser controlado por la policía, aunque no hayas hecho absolutamente nada. A pesar de que se haya denunciado en muchas ocasiones el uso injustificado de perfiles étnicos por parte de la policía y que varias instituciones españolas, europeas e internacionales de protección de los derechos humanos hayan instado a España a tomar una serie de medidas para erradicar este tipo de controles, las autoridades siguen sin dar una respuesta debida. Este tipo de controles, además de estigmatizar a una parte de la población y ser ilegales, han demostrado no ser efectivos en la prevención de los delitos u otros ilícitos.

Se realizan expulsiones sumarias de personas migrantes y refugiadas.

España devuelve de forma sumaria, violando los derechos humanos (como la tutela judicial efectiva o al procedimiento de asilo) de personas migrantes y refugiadas que entran por las fronteras de Ceuta y Melilla. Cuando se empezaron a documentar estas prácticas en los medios de comunicación, el Gobierno, lejos de tomar medidas para garantizar que se respetara el Derecho internacional y la Ley de Extranjería, aprobó una enmienda para “legalizar” –aunque difícilmente se puede legalizar lo que es ilegal- las conocidas como “expulsiones en caliente”.

Se estigmatiza y discrimina injustificadamente a la población árabe y musulmana en la lucha contra el terrorismo.

Algunas de las medidas que ha adoptado el Gobierno recientemente para luchar contra el terrorismo “yihadista”, tales como el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, en la práctica pueden tener el efecto de estigmatizar a las comunidades árabe y musulmana, usando perfiles étnicos, raciales o religiosos. Estas prácticas, además de vulnerar los derechos humanos de las personas pertenecientes a los colectivos afectados, no son nada eficaces en la lucha contra el terrorismo.

Las víctimas de delitos racistas, si no tienen papeles, no denuncian por el riesgo a ser expulsadas.

Cuando una persona en situación administrativa irregular es víctima de un delito y denuncia a la policía, se expone a un riesgo cierto de que se incoe un procedimiento administrativo sancionador por su estancia irregular. De este modo, muchas personas migrantes que se encuentran en esta situación no denuncian por el miedo a las represalias, incluso si son víctimas de delitos racistas, lo que redunda en la impunidad y la no reparación de estos delitos.

Si una persona es extranjera y no tiene papeles, puede ser privada de libertad por una infracción meramente administrativa.

La detención en Centros de Internamiento de Extranjeros a migrantes en situación irregular que no han cometido delito alguno es una política discriminatoria que debería ser abolida por vulnerar los derechos humanos.

Existen indicios de segregación de niñas y niños de origen gitano y migrante en centros escolares.

Hay informes que documentan que hay centros escolares en los que prácticamente la totalidad del alumnado (o desde luego, en un porcentaje muy superior al que representan en la población del municipio de que se trate) son de origen gitano o migrante.