La cuestión no tiene que ver con sus competencias profesionales, sus inclinaciones políticas o si su nombramiento técnicamente se hizo de forma legal. Tiene que ver con la percepción generalizada de que su nombramiento no se hizo de acuerdo con las reglas establecidas

Muchos se han apresurado en señalar el doble rasero de la UE que, mientras llama la atención a los gobiernos de Hungría y Polonia sobre el Estado de derecho, ignoran sus propios procedimientos en el nombramiento del más alto cargo de la UE. Pero el daño real no es la credibilidad de la Comisión hacia la Fidesz de Hungría o el PiS de Polonia, estos gobiernos criticarían a la Comisión sin necesidad de que exista ninguna razón objetiva. El problema realmente es el impacto que tiene en la opinión pública.

La opinión pública es importante para la Comisión, especialmente en los países en los que está creciendo el populismo autoritario, si no fuera así, no habría respondido a la campaña "Stop Brussels" de Orbán. Tampoco hubiera insistido reiteradamente el vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, que los desacuerdos de la Comisión son con el gobierno de Polonia y no con el pueblo. Timmermans parece tener un sinfín de historias personales conmovedoras sobre el pueblo polaco a las que recurre cada vez que tiene que hablar sobre los problemas con el gobierno polaco. Estas están dirigidas a la sociedad, no al gobierno. La opinión pública importa tanto que los Comisarios tienen ahora la obligación de participar en una serie de "diálogos ciudadanos", una serie de debates parecidos a los plenos de los auintamientos, quetienen lugar en toda la UE.

La Comisión hace bien dando valor a la opinión pública. Tiene dificultades sin embargo para aplicar las herramientas políticas y legales de las que dispone para ejercer presión sobre los gobiernos que violan las normas de la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales. Pero incluso cuando utiliza sus poderes, sigue teniendo que lidiar con democracias como las de Polonia y Hungría, cuyas normas se han debilitado. El desmantelamiento regresivo de las garantías para los ciudadanos en estos países no se puede revertir solo a través de la presión internacional. La presión de la UE es necesaria, pero el liderazgo lo deben llevar sus poblaciones.

Para la Comisión no es fácil llegar a la población. Para empezar, el Fidesz y el PiS tienen un control rígido de los medios de comunicación públicos y, al menos en Hungría, también sobre los medios privados. En segundo lugar, la propia Comisión es especialmente inepta a la hora de dirigirse y hablar directamente con la población. Su estilo de comunicación suele ser aburrido, a menudo técnico y, a veces, claramente mal asesorado. Tanto es así que, incluso cuando la Comisión debería poder atribuirse el mérito de algunos avances positivos en Europa, a menudo se lo roban los gobiernos nacionales. A la mayoría de los ciudadanos les sería difícil nombrar más logros de la UE aparte de la eliminación del control de pasaportes, los derechos de los viajeros, las tarifas de itinerancia de datos y el programa Erasmus, es decir, menos de uno por década de existencia de la UE.

Habida cuenta de las dificultades que tiene la UE en este sentido y que juegan en su contra, es áun más importante la valoración pública de su integridad. En una batalla por la opinión pública, ¿cómo se supone que debe convencer a la población de que está luchando por sus libertades si la gente ni siquiera puede confiar en que siga sus propias normas?