La Cámara de Diputados del Parlamento polaco ha adoptado una ley que recorta las pensiones de los funcionarios que sirvieron en la policía secreta comunista, a pesar de que fueron investigados positivamente en 1990. El proyecto de ley especifica que el monto de sus prestaciones de jubilación dependerá más de los seis meses que estuvieron en el servicio de policía secreta comunista que de la investigación positiva de 1990 y de los quince años de servicio para la Polonia democrática. La Fundación de Helsinki para los Derechos Humanos señala que el nuevo tratamiento es desproporcionado.