La Plataforma 112 considera que al adoptar el reglamento sobre la Ley de Radiotelevisión croata, el gobierno ha violado gravemente la Constitución, que define el principio de separación de poderes y la jurisdicción de las autoridades nacionales.

El gobierno no tiene autoridad legal ni constitucional para cambiar las decisiones que el parlamento croata ya había votado, como la Ley de Radiotelevisión croata, que estipula que solo el parlamento puede nombrar un director en funciones para la Radiotelevisión croata (Hrvatska radiotelevizija - HRT) y que el plazo máximo son seis meses.

Equilibrio de poder

El gobierno actual, que perdió su legitimidad democrática tras la moción de censura en el parlamento, solo puede tomar las decisiones que sean necesarias para el funcionamiento cotidiano de las instituciones del poder ejecutivo.

La ampliación del mandato del director en funciones no es una decisión necesaria para el funcionamiento cotidiano de las instituciones del poder ejecutivo, por ello, organizaciones de la sociedad civil consideran que esta decisión representa una clara expresión de una voluntad política particular del grupo de personas que componen el gobierno en funciones.

Han señalado que una decisión de este tipo está en clara contradicción con la legislación nacional sobre el equilibrio de poder, que prohibe que el gobierno tome decisiones sobre nombramientos para servir en altos cargos tras la disolución del parlamento.

Influencia política

De acuerdo con la Ley de Radiotelevisión croata, tras un periodo de seis meses, la responsabilidad de la gestión de HRT se transfiere a la Junta Directiva de HRT (que tiene mecanismos de gestión de acuerdo con la ley competente).

La interferencia del gobierno en la jurisdicción de los órganos de gestión con competencia de HRT, que es una institución pública, es una clara limitación de la independencia de HRT por una influencia política concreta, lo que representa una violación directa de la Ley de Radiotelevisión croata.

Si el gobierno adopta este reglamento, ignorando el principio constitucional fundamental de la separación de poderes, sería como usuroar la democracia liberal y el orden constitucional de la República de Croacia. En ese caso, la Plataforma 112 pedirá que intervenga el Tribunal Constitucional.