El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU, órgano encargado de velar por el respeto y correcta aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, hizo públicas el pasado viernes sus observaciones finales sobre España, después de someter a examen a este país los pasados 26 y 27 de abril en Ginebra. El Comité recoge en buena medida tanto las preocupaciones como las recomendaciones contenidas en el informe sombra remitido por la organización Rights International Spain, y destaca las importantes lagunas existentes en España en la lucha contra la discriminación racial. A continuación damos cuenta de las principales cuestiones abordadas por el CERD.

Marco normativo e institucional inadecuado para la lucha contra la discriminación

El Comité se lamenta de que todavía no se haya aprobado el Proyecto de Ley integral para la igualdad de trato y no discriminación, remitido al Congreso para su tramitación por el gobierno de Rodríguez Zapatero en 2011. El Proyecto de Ley fue ya encomiado por el Comité en sus anterior examen al Estado español y habría dado respuesta a las lagunas más importantes en materia de lucha contra la discriminación, por lo que este organismo insta a que este texto legislativo “sea adoptado de manera expedita”. También se solicita la aprobación de un Segundo Plan de Derechos Humanos y, dado que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial adolece de falta de independencia y recursos, se recomienda también que se reforme teniendo en cuenta los estándares internacionales sobre la materia.

El Gobierno no recoge los datos necesarios para luchar contra el racismo

Se reitera la crítica a que el Gobierno no recoja los datos necesarios para diseñar políticas efectivas contra la discriminación racial, tales como los datos desglosados sobre la composición étnica de la población española, los incidentes racistas registrados y los casos judicializados, incluyendo las penas impuestas y las reparaciones otorgadas a las víctimas.

Uso de perfiles étnicos por la Policía

El CERD muestra de nuevo su preocupación por el uso de perfiles raciales y étnicos en los controles de identidad realizados por la Policía. En este sentido, recalca que, si bien la nueva Ley de Seguridad Ciudadana ordena a los agentes que respeten los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación, estas prácticas persisten desde su entrada en vigor. Se insta por tanto a “tomar las medidas necesarias para poner fin de manera definitiva” a estas prácticas policiales discriminatorias.

Devoluciones en caliente desde Ceuta y Melilla

El Comité, como ya han hecho otros muchos organismos europeos e internacionales de protección de los derechos humanos, “expresa grave preocupación por la práctica de devoluciones sumarias por parte de las fuerzas de seguridad españolas”, y porque la "Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Orgánica 4/2015) permita 'rechazos en frontera', sin que se haga un estudio previo de riesgo de retorno, e impidiendo el acceso a los procedimientos de asilo”. Por ello, solicita que se revise la enmienda que “legalizó” estas devoluciones sumarias desde Ceuta y Melilla a fin de garantizar “el acceso a procedimientos de asilo a todas las personas susceptibles de protección internacional […] incluyendo una evaluación individualizada en cada caso, así como la garantía de protección frente a la devolución sin discriminación y la creación de un organismo independiente que revise y suspenda las decisiones negativas”.

Caso El Tarajal y violaciones de derechos humanos en frontera

Este Comité, como ya hicieran el año pasado el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, realiza un llamamiento para que “se investiguen de manera pronta, eficaz, completa y transparente las alegaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, en particular respecto de incidentes ocurridos durante operaciones de expulsión”, refiriéndose expresamente a los hechos ocurridos en El Tarajal. Se insta además a “que se sancione a los responsables y que se repare adecuadamente a las víctimas”. Se trata de una recomendación que ya se puede dar por incumplida, dado el archivo definitivo de la investigación en el Caso El Tarajal y, por si fuera poco, la condecoración por el Ministro del Interior de los agentes que aparecieron en unas imágenes maltratando a un migrante antes de devolverlo a Marruecos después de que el caso también se archivara ante la imposibilidad de identificar y tomar declaración a la víctima.

Internamiento preventivo en CIE

En cuanto a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en los que se encierra a migrantes que son objeto de procedimientos de expulsión, el Comité pide a España que evite la aplicación de esta medida privativa de libertad y a que considere “posibles medidas alternativas”. También muestra preocupación por las violaciones de derechos humanos que se cometen en el interior de los centros, instando al Estado a “que garantice que las denuncias de tortura o malos tratos sean investigadas de manera independiente, rápida y completa y que los autores sean sancionados adecuadamente”.

Segregación escolar de alumnado gitano y migrante

Finalmente, el CERD muestra su preocupación por la existencia, en muchas comunidades autónomas, “de las escuelas “gueto”, las cuales concentran un alto número niños migrantes y gitanos”. Se anima en este sentido al Estado a adoptar “políticas educativas efectivas que aseguren la distribución equitativa de los estudiantes, con el fin de poner fin al fenómeno de las escuelas “gueto”.