Varias entidades, entre las que figura Rights International Spain, se han reunido con la Defensora del Pueblo para presentarle un informe detallando todos los argumentos de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana (se vulneran, entre otros derechos, las libertades de expresión, información y reunión, así como los derechos de los refugiados y los migrantes), con la esperanza de que la institución recurra ante el Tribunal Constitucional. Varios grupos parlamentarios de la oposición ya han interpuesto un recurso que recoge en buena medida los argumentos planteados por las ONGs.