Once ONG rumanas, incluyendo APADOR-CH, están pidiendo la dimisión del primer ministro Victor Ponta por su abuso de decretos urgentes. Las organizaciones escribieron al Defensor del Pueblo para pedirle que apele al Tribunal Constitucional en relación a los recientes decretos urgentes que han permitido que el gobierno haga enmiendas sobre 26 normas jurídicas que regulan distintos campos de actividad.
El decreto en cuestión, es el segundo desde 2015 y lleva el aséptico título de "Decreto urgente para enmiendas jurídicas y otras medidas". En realidad, comprende 26 decretos urgentes. Se publicó directamente en el Boletín Oficial el viernes 13 de marzo, sin haberse publicado previamente en la página web del gobierno para someterlo a debate público.
Tácticas
Las ONG consideran que esto es una táctica del gobierno para tratar de esconder la cantidad de decretos urgentes que adopta. El gobierno rumano ha recibido muchas críticas tanto por parte de la Comisión Europea como de la sociedad civil por su abuso de poder en la emisión de decretos urgentes.
De esta forma, el gobierno básicamente sustituye al parlamento. Es decir, en Rumanía se gobierna a base de decretos urgentes a capricho de los ministros, sin debate público y sin que sean sometidos adecuadamente al lesgislativo constitucional.
Este es el sexto recurso de este tipo que se hace ante el Defensor del Pueblo desde abril de 2014. Seguimos explicándole que el gobierno está dictando decretos urgentes que deben plantearse en el Tribunal Constitucional porque no son ni urgentes ni constitucionales.
145 decretos al año
De acuerdo con un estudio realizado por APADOR-CH, Rumanía, en la última década (2004-2014) está cada tres días en estado de emergencia. Los distintos gobiernos han emitido un total de 1.548 decretos urgentes, una media de 145 decretos al año.
Es improbable que un Estado democrático, miembro de la Unión Europea esté en estado continuo de emergencia durante más de una década. Por ello, APADOR-CH ha hecho un llamamiento al Defensor del Pueblo para recordarle que es su deber notificar al Tribunal Constitucional de esta anomalía, ya que se supone que es el "defensor de los derechos y libertades de los ciudadanos en su relación con las autoridades públicas".
