Las organizaciones de derechos humanos húngaras Atlatszo, K-Monitor y Hungarian Civil Liberties Union (TASZ) con el apoyo de la organización con sede en Berlín, Civil Liberties Union for Europe, piden en una carta a la Comisaria europea Vera Jourova, al Director General de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), Ville Itälä, y a la Defensora del Pueblo de la UE, Emily O'Reilly, que no se opongan a la decisión del Tribunal de la UE que ordena que OLAF desbloquee la publicación de una investigación antifraude sobre el yerno de Viktor Orban, sino que aprovechen la sentencia para mejorar la política de acceso a los documentos.
El caso ante el Tribunal de la UE se partió de una solicitud de acceso a documentos presentada por la Sra. Homoki, residente en Gyál, una ciudad del condado de Pest, en el área metropolitana de Budapest, con el apoyo jurídico de Hungarian Civil Liberties Union. La intención de la acción presentada por la activista era arrojar luz sobre un proyecto de alumbrado público financiado por la UE que se llevó a cabo en Gyál y que, en lugar de mejorar la infraestructura de alumbrado público de la ciudad, empeoró todavía más la falta de visibilidad en las calles de la ciudad. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude llevó a cabo una investigación que reveló "graves irregularidades" y "conflictos de intereses" relacionados con la licitación del proyecto, que ganó una empresa en la que uno de los propietarios era István Tiborcz, yerno del primer ministro húngaro. Las autoridades húngaras no encontraron irregularidades un año después, y los contribuyentes húngaros tuvieron que pagar finalmente la factura de 13.000 millones de HUF (36,3 millones de euros) del proyecto.
En septiembre, el Tribunal General de la Unión Europea se pronunció sobre la acción interpuesta por la activista y dictaminó que la OLAF no podía negar el acceso al informe. En su carta abierta, las organizaciones de la sociedad civil piden a la Comisión y a la OLAF que acepten la sentencia y hagan público el informe. Asimismo, que se tomen medidas para garantizar que se promueva y proteja mejor el acceso a la información de interés público tanto a nivel de la UE como a nivel nacional.
"La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurre con sus contribuciones a los recursos públicos y únicamente pueden asegurarse de que se utilizan de forma responsable si tienen acceso a la información acerca de cómo se gasta. Esto incluye las investigaciones que demuestran un mal uso de los fondos por parte de políticos.
El Estado de derecho existe para garantizar que los recursos que aporta la ciudadanía se utilicen para financiar los servicios comunitarios de los que depende la gente, no para enriquecer a unos pocos políticos y sus aliados. En nuestra carta, pedimos a la Comisión, a la OLAF y a la Defensora del Pueblo de la UE que faciliten al público la obtención de información sobre amenazas al Estado de derecho, como la corrupción, y promuevan así una mayor transparencia y rendición de cuentas", señala Linda Ravo, asesora experta en incidencia política de Civil Liberties Union for Europe.
