Tecnología y Derechos

Nuevo código de conducta trata de controlar a las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo

Los representantes europeos han aprobado un código de conducta para las ONG que trabajan en el Mediterráneo. Si no se cumplen todas sus normas, se les podrá denegar la entrada de sus barcos en los puertos italianos.

by Ilaria Giacomi

La Comisión Europea y la Agencia Fronteriza de la UE Frontex han aprobado un anteproyecto de código de conducta para las ONG que trabajan en labores de búsqueda y rescate de personas en el Mediterráneo, como forma de controlar la presencia y el papel de dichas organizaciones.

El código consistirá de una lista de normas que deben cumplir las ONG que lo suscriben para poder seguir trabajando en el Mediterráneo, para proteger tanto a los migrantes como para los trabajadores. Las organizaciones que no firmen el código o que incumplan sus prescripciones podrían ver que se les deniega el acceso a los puertos italianos.

Normas del código

  • Esta absolutamente prohibido que las ONG entren en aguas libias. Esta primera regla se desprende de las denuncias presentadas contra algunas ONG sobre invasión de aguas nacionales; A partir de ahora, un barco de una ONG solo podrá entrar en aguas libias para asistir una situación que comporte un gran peligro evidente para vidas humanas.
  • Las ONG no deben apagar los transmisores en sus barcos.
  • Las ONG no pueden hacer llamadas telefónicas ni utilizar dispositivos de señalización luminosa para comunicarse con los barcos de migrantes y facilitar el trabajo de los traficantes.
  • Las ONG no deben transportar a personas rescatadas en otros barcos italianos o internacionales, a menos que se trate de una situación de emergencia evidente. Como regla general, las ONG que realizan actividades de rescate deben llevar a los migrantes al puerto más cercano.
  • Las ONG no deben obstaculizar las operaciones de búsqueda y rescate de los guardacostas de Libia, ya que su deber y responsabilidad es controlar las aguas nacionales.
  • Las ONG deben aceptar y acoger en sus barcos a un agente de policía judicial, encargado de investigar la trata de personas.
  • Las ONG tiene la obligación de declarar sus fuentes de financiación en aras de la transparencia.
  • Las ONG deben comunicar al Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de sus países de origen si ven embarcaciones de migrantes en peligro y las operaciones que van a llevar a cabo en relación con las mismas, para que estén al tanto de la actividad de las ONG y se responsabilicen de la seguridad marítima.
  • Las ONG deben contar con un certificado que las califique como aptas para las labores de búsqueda y rescate. Esta certificación será proporcionada por organizaciones reconocidas e instituciones nacionales.
  • Las ONG deben cooperar con las autoridades de seguridad pública del puerto donde se dirigen, proporcionando documentos relacionados con la situación sanitaria de los migrantes a bordo y la operación de rescate realizada, concretamente, el "informe de incidentes sanitarios" y el "informe de incidentes marítimos".
  • Las ONG deben comunicar a la autoridad policial toda información o evidencia que pueda ser de cualquier interés para el desarrollo de posibles investigaciones.

Reacción de las ONG

A pesar de que este código obtuvo el respaldo de varios representantes de países europeos, pues se considera una solución práctica contra el temido factor de atracción (que atribuye un aumento de los flujos migratorios a la presencia en el Mediterráneo de estas ONG) algunas organizaciones están profundamente en desacuerdo con el contenido del código, que en definitiva, acabará impediría las operaciones de rescate y se convertiría en una amenaza para las vidas de los migrantes.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch publicaron una declaración conjunta en la que afirmaban que impedir que las ONG se acerquen a aguas libias, el área más peligrosa para quienes intentan llegar a Europa, puede causar miles de muertes.

Un código de conducta para las ONG dedicadas a la búsqueda y rescate debería tratar de que estas actividades sean más eficaces, contrariamente a lo que ocurre con este código presentado a las autoridades de la UE.

Por el contrario, las organizaciones de derechos humanos dicen que este código podría "obstaculizar las operaciones y demorar los desembarques en puertos seguros dentro de un plazo razonable, violando así las obligaciones que los Estados y los Capitanes deben respetar de acuerdo al derecho marítimo internacional".

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