El proyecto de ley antiterrorista se presentó en la Asamblea Nacional búlgara por el Consejo de Ministros y pasó su primera lectura por el Parlamento el 28 de julio. Ahora se encuentra a la espera de una segunda lectura y de la firma del presidente antes de que se convierta en ley.
Esta ley otorgará a las autoridades la posibilidad de restringir grave y arbitrariamente los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluso sin que se haya cometido, intentanto o planeado una acción terrorista.
El proyecto de ley contiene medidas que suponen una restricción grave de las libertades personales y de la vida privada de las personas, como prohibiciones de movimientos y de contacto con otras personas, incluso si la persona no es sospechosa de terrorismo.
Falta de garantías legales
El proyecto de ley no prevé el requisito de estricta necesidad y proporcionalidad a la hora de imponer medidas preventivas, además estas podrán ser impuestas por el presidente de la Agencia de Seguridad Nacional (SANS) o el ministro de Interior sin necesidad de una autorización judicial o de ninnguna garantía procesal que proteja a las personas afectadas.
Los procedimientos previstos en el proyecto de ley no garantizan una audiencia legal a las personas implicadas, ni tampoco se les dará la oportunidad de presentar pruebas a su favor. La decisión de limitar los derechos fundamentales no la tomará un tribunal independiente, sino la autoridad correspondiente.
Las posibilidades de arbitrariedad son ilimitadas. El periodo máximo que pueden imponer estas medidas es de hasta seis meses, ampliables a nueve.
Público desinformado
El ministro de Interior podrá ordenar una operación antiterrorista y determinar cómo y dónde se llevará a cabo, lo que a su vez supone una imposición de restricciones de los derechos fundamentales de todas las personas enun área, incluidos los derechos de propiedad, de privacidad y las libertades personales.
Los agentes de policía podrán restringir la libertad de movimiento, anular el acceso a Internet, incautar documentos y destruir el equipo técnico y de comunicaciones de cualquier persona sospechosa de preparar un acto terrorista. No se prevé ninguna garantía contra la violación del derecho fundamental a la vida privada de las personas, y serán las autoridades las que evalúen por su cuenta si las medidas son necesarias.
Existe un grave riesgo de violación de la libertad de recibir y difundir información. Los medios de comunicación estarán obligados a transmitir de forma inmediata y sin ninguna modificación la información que reciban de las autoridades,De esta forma, las autoridades pueden desinformar al público de forma indefinida sobre lo que están haciendo y lo que realmente ocurre.
Estado de emergencia
Se podrá declarar un estado de emergencia a través de un decreto parlamentario o presidencial. El derecho internacional permite la derogación de los derechos fundamentales en situaciones de emergencia solo cuando "pone en peligro la seguridad nacional" (Artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) .
La ley establece que se puede declarar un estado de emergencia sin tales condiciones, al parecer, para facilitar la investigación de una acción terrorista, y no porque exista una amenaza continua hacia la nación. Además, ya no existiría un límite de tiempo para un estado de emergencia: el poder de restringir de forma innecesaria los derechos fundamentales queda a discreción del gobierno.
Esta noticia es parte de una carta abierta de Margarita Ilieva, abogada y directora del programa legal del Comité de Helsinki en Bulgaria.
