Tecnología y Derechos

¡La crítica de los funcionarios públicos es un derecho y un deber!

Hay que ser valientes para bromear acerca de los políticos en Hungría hoy en día: lperiodistas, bloggers y personas normales han sido llevados a los tribunales por dichos hechos.

por Hungarian Civil Liberties Union
Image: Ronan Shenhav - Flickr/CC content

La Hungarian Civil Liberties Union [Unión de Libertades Civiles de Hungría] (HCLU) ha estado observando con creciente preocupación cómo los periodistas y ciudadanos activos en la vida pública se exponen cada vez a mayores peligros cuando critican a los políticos. La reciente campaña lanzada por la organización PolitiKuss (que significa más o menos: amorzadado por políticos) llama la atención sobre este problema.

Un derecho y un deber

El debate constituye un elemento funcional en una democracia, que exige que las personas públicas soporten mayores críticas que los ciudadanos ordinarios; esto garantiza la rendición de cuentas de los gobernantes. Formular críticas es el derecho y, a decir verdad, el deber de los miles de periodistas húngaros y de las decenas de miles de ciudadanos activos en la vida pública - pero hacerlo se vuelve cada vez más imposible y arriesgado por la normativa vigente. En tales casos, los procedimientos civiles y penales pueden iniciarse de forma paralela.

Es más, las personas públicas tienen derecho a una protección especial durante el proceso penal. De esta suerte, mientras que una persona normal contrata y paga a un abogado para representar a la acusación, el Estado asume esta responsabilidad en nombre de los diputados o alcaldes: la policía llevará a cabo la investigación, el fiscal presentará esta acusación, y el demandante no tiene que pagar nada de esto. Se tomarán las huellas dactilares y las fotografias a las personas acusadas, como si hubieran cometido algún delito grave. La HCLU ofrece representación legal en varias querellas interpuestas por políticos que intentan silenciar a sus críticos por medios legales.

Crítica sana

La HCLU ha elaborado un concepto normativo conforme al cual no se puede iniciar un proceso penal por difamación o calumnia, mientras que las personas que ostentan poderes públicos no puede iniciar procedimientos civiles que tengan que ver con la crítica de su actividad oficial.

Los instrumentos jurídicos de presión pueden conducir a una disminución mayor de la crítica; amenazando a periodistas y ciudadanos críticos con el pago de enormes sumas por lesión al honor y para pagar los honorarios de los abogados, o incluso con el proceso penal, hace cada vez más difícil el control del poder y difunde la corrupción. ¡La HCLU rechaza la limitación de la libertad de expresión, y defiende que los actores públicos están obligados a soportar la dureza de las críticas!