El informe del BHC reclama que, en Bulgaria, no existe ninguna institución ni organismo gubernamental que esté obligado a recoger y analizar información relativa a la violencia policial.

Información contradictoria

El Comité Búlgaro de Helsinki hace un seguimiento anual del nivel de violencia policial en Bulgaria, entrevistando a personas bajo custodia policial y en cárceles. Los datos de los últimos años muestran que la violencia es persistente y que casi un tercio de los detenidos son víctimas del uso ilegal de la fuerza por parte de los agentes de policía. La alarmante conclusión de los investigadores es que los menores son los que corren un riesgo mayor de maltrato.

Mientras tanto, el Ministerio de Interior y los tribunales no ofrecen casi nada de información sobre el número de casos registrados de abusos por parte de agentes del orden.

Sólo un tercio de los tribunales (42 de un total de 144) han ofrecido datos sobre los 212 procedimientos incoados, pero de acuerdo con el Ministerio de Interior, hubo 1.146 denuncias en el periodo de 2000 a 2015.

Nadie sabe hasta qué punto el número de denuncias es relevante en relación con los casos que llegaron a los tribunales. Es más, no existe ninguna recogida de información en profundidad sobre el número real de denuncias y su resultado.

Sin sanción

Las denuncias más habituales se refieren a torturas y detención ilegal (42,2 % y 41,5 % respectivamente) y en el 16.4 % de los casos el interrogatorio se realizó con el uso ilegal de la fuerza. Del total de 1.146 denuncias recibidas en el Ministerio de Interior, sólo en el 11 % de los casos se reconocía que se había infringido la ley y se imponían sanciones. 300 denuncias se consideraron infundadas y 725 casos se consideraron actuaciones que cumplían la ley.

En comparación, cuando la denuncia llegaba a los tribunales, estos hallaron culpables a los agentes en un 61 % de los casos. Esto sugiere que el Ministerio de Interior carece de una política de investigación y sanción de los agentes del orden en los casos en los que abusan de su poder.

Incluso en aquellos casos donde se halló que se había infringido la ley, se tendió a reducir la pena. De acuerdo con el Ministerio de Interior, apenas se ha expulsado del cuerpo de policía a 18 agentes en los últimos 15 años, solo se ha multado a 48 y 11 han sido condenados a prisión condicional (durante un periodo entre 1,5 y 3 años). Por lo general, las multas oscilan entre 500 y 1.000 levas (más o menos entre 250 y 500 euros) y no hay información sobre si realmente se pagan.

De acuerdo con los datos ofrecidos por los tribunales, en ese mismo periodo, se multó a 101 agentes de policía y 28 tuvieron una condena de prisión condicional.

Conclusiones

Las discrepancias de datos muestran que la violencia policial es un problema preocupante en Bulgaria. De acuerdo con el análisis que hace el Comité Búlgaro de Helsinki de los dictámenes contra Bulgaria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre 2000 y 2010, el Estado ha tenido que pagar 900.000 levas en sanciones, daños y perjuicios a causa de la violencia policial que queda sin investigar y sin castigar.