La AgenciaTributaria y Aduanera neerlandesa no tiene ninguna obligación legal de facilitar detalles de los ingresos a los propietarios de los apartamentos de viviendas sociales. Tampoco tiene permiso para hacerlo, según el tribunal.

La División de la Jurisdicción Administrativa del Consejo de Estado decidió el pasado 3 de febrero que la Agencia Tributaria y Aduanera no tiene permiso para facilitar detalles de los ingresos de los inquilinos a los propietarios de viviendas sociales cuando estos lo solicitan.

Confidencialidad

Según la División de la Jurisdicción Administrativa, la obligación de la AgenciaTributaria y Aduanera de facilitar detalles de los ingresos a los propietarios de los apartamentos de vivienda social debe estar incluida explícitamente en la ley.

Sin embargo, no existe una obligación legal de este tipo en la actualidad, y, por ello la Agencia Tributaria no puede facilitar la información recibida a otras personas, pues la ley no se lo exige explícitamente.

Habida cuenta de este deber de confidencialidad, no es aceptable que esa obligación "se deduzca exclusivamente a partir de la historia de la institución, de cualquier coherencia entre las disposiciones legales, o que se plantee en aras de la eficacia de una regulación legal".

Residentes irregulares

Los llamados residentes irregulares son las personas que viven en un apartamento de vivienda social, pero cuyos ingresos son demasiado altos para tener derecho a la vivienda social.

A menudo, estos residentes sesgados provocan una lista de espera para las personas con ingresos más bajos e impiden que estos últimos estén en condiciones de encontrar una vivienda asequible o de tipo social.

El gobierno trata de hacer frente a los residentes sesgados mediante la aplicación de aumentos del alquiler para los hogares con un determinado nivel de ingresos mínimos.

Luchar contra el desequilibrio

Desde 2013, los propietarios de viviendas sociales podían pedir detalles de los ingresos de sus inquilinos a la Agencia Tributaria y Aduanera con el fin de combatir el desequilibrio.

Cuando la información proporcionada por la Agencia Tributaria demuestran que los inquilinos tienen ingresos demasiado altos, se permite a los propietarios aumentar los alquileres.

Como resultado de ello, los inquilinos se ven forzados a trasladarse de las viviendas sociales a una finca en propiedad o a un apartamento alquilado en el mercado abierto, haciendo que los apartamentos con alquileres sociales estén disponibles de nuevo para las personas con ingresos más bajos.

Con esta decisión de la División de la Jurisdicción Administrativa, se pone fin a la práctica de pedir informes sobre los ingresos. Corresponde ahora al legislador encontrar una solución.

El fallo puede leerse aquí.