Un ciudadano rumano acudió al TEDH tras ser despedido de su trabajo por usar el programa de mensajería del trabajo para conversaciones personales. En Bărbulescu v. Rumanía el tribunal concluyó que los empleadores tienen derecho de controlar las conversaciones de los empleados pues el derecho a la intimidad debe ser compatible con el interés legítimo de la empresa. Sólo un juez no estuvo de acuerdo y presentó una opinión separada argumentando que el despido era una medida demasiado dura, pues el empleador no tenía una política clara sobre el uso de Internet en el trabajo.