Con motivo de sus visitas a los centros de socialización de niños en Lituania, el Defensor del pueblo del país fue capaz de verificar numerosas violaciones de los derechos humanos. “La ley establece que los niños solo pueden ser colocados en habitaciones de relajación cuando suponen una amenaza para sí mismos o para otros a causa de una explosión emocional no controlada. Sin embargo, en muchos centros de socialización los niños con colocados en habitaciones de relajación como forma de castigo”, puede leerse en el informe del Defensor del pueblo.

En el Centro de socialización de niños de Kaunas, la plantilla se sirvió, en contra del reglamento, de esposas, porras y gases lacrimógenos contra los niños allí residentes. En otro centro, se descubrió que las habitaciones de relajación no estaban bien ventiladas ni iluminadas, y a menudo no se permitía ir al baño a los niños.

Los centros de socialización en el punto de mira de la ONU

Ya el pasado 23 de mayo de 2014, el Comité de la ONU contra la tortura descubrió, estudiando el tercer informe periódico de Lituania, que la colocación en “habitaciones de relajación” en los centros de socialización equivalía al uso de celdas de aislamiento.

Seis centros de socialización, antes llamados “cárceles de adolescentes”, siguen operando en Lituania. Aunque los niños que viven en esos centros son asignados a distintos grupos de riesgo (menores que han cometido un delito; menores que han huido de casa o que no hacen sus deberes; víctimas de tráfico de personas), su atención y supervisión carece de criterios de diferenciación.

El HRMI insta al gobierno a garantizar la seguridad de los niños

Tras haber dado pie a la investigación del Defensor del pueblo, el Human Rights Monitoring Institute continúa instando al gobierno a abrir los ojos y darse finalmente cuenta de que el proceso de socialización en Lituania ha fracasado.

“En lugar de desarrollar nuevos servicios dentro de la comunidad, durante muchos años los fondos estructurales de la UE -millones de euros procedentes de los contribuyentes de la UE- se gastaron en instituciones ineficaces que violaron los derechos de los niños -renovándolos, reforzando sus muros, al objeto de separar a los niños de la sociedad falseando la socialización, el tratamiento y la atención”, puede leerse en la carta firmada por el HRMI y otras veinte ONGs de derechos humanos.