El Parlamento de la República de Lituania está discutiendo actualmente la modificación de la Constitución y la Ley del Tribunal Constitucional para permitir que las personas físicas y jurídicas defiendan sus derechos constitucionales ante el Tribunal Constitucional.

Cualquiera podría defender su caso

Esto ya es posible en muchas democracias. Abriría el camino para que las personas puedan exigir una revisión constitucional de los actos jurídicos del Parlamento, el presidente o el gobierno, cuando dichos actos resulten en decisiones que violen sus derechos.

El derecho estaría disponible para cualquiera que haya agotado todos los demás recursos legales. Además, las enmiendas propuestas ampliarían el derecho de audiencia a los defensores del pueblo parlamentarios, así como a otros órganos de supervisión parlamentaria, como el Defensor de los derechos del niño y el dfensor de igualdad de oportunidades.

En la actualidad, solo el Parlamento, sus miembros, los tribunales y (en algunos casos) el presidente o el gobierno pueden presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional.

Para garantizar que las personas puedan presentar de verdad una denuncia ante el Tribunal Constitucional, el IHuman Rights Monitoring Institute propuso cambios al proyecto de enmienda que establecería cómo se implementaría este derecho.

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Bajo el proyecto de enmienda, cualquier solicitud al Tribunal Constitucional tendrá que ser elaborada por un abogado, a menos que la persona en cuestión tenga un título universitario en derecho.

"Creemos que este requisito debe ser eliminado, de lo contrario los recursos constitucionales solo estarían disponibles para aquellos personas con mayores ingresos. Además, este requisito no existe en la mayoría de los países que permiten los recursos individuales al Tribunal Constitucional, como Alemania, Eslovenia , Eslovaquia, Letonia, Croacia y Georgia", señaló Erika Leonaitė, coordinadora jurídica del Human Rights Monitoring Institute.

El Human Rights Monitoring Institute también pidió a los legisladores que otorguen al Tribunal Constitucional la capacidad de extender los plazos de apelación perdidos si se han perdido por una razón importante.

También, para garantizar que no se apliquen las sentencias que violan los derechos de una persona, se sugirió que se puedan suspender las decisiones hasta que el Tribunal Constitucional termine de analizar el caso.