Front Line Defenders inició el 2017 lanzando su Informe Anual sobre Defensores de Derechos Humanos en Riesgo 2016.
Las conclusiones del informe no son nada alentadoras: en 2016, 281 defensores de derechos humanos (DDH) fueron asesinados en 25 países. Frontline Defenders registró el mayor número de homicidios en Brasil y Colombia, seguidos de otros países de América Latina y el Sudeste Asiático (especialmente Filipinas) mientras que en África y Oriente Medio las cifras eran menores.
Casi la mitad de todos los defensores de derechos humanos que fueron asesinados estaban implicados en luchas en defensa de la tierra, los derechos indígenas y el medio ambiente. En la mayoría de los casos, los asesinatos fueron precedidos de amenazas y advertencias que casi siempre se denunciaron a la policía, quienes a su vez las ignoraron de forma sistemática y prácticamente permitieron que los asesinatos tuvieran lugar.
Prácticas que se usan para frenar a DDH
La criminalización es una práctica rutinaria de los gobiernos que tratan de silenciar a los DDH y disuadir a otros de unirse a ellos. En concreto, el argumento de la seguridad nacional se sigue utilizando muy fercuentemente para justificar juicios, asesinatos, penas de muerte y otras acciones contra ellos.
La detención arbitraria se llevó a cabo en muchos casos, la duración máxima de la detención preventiva fue superada o ignorada en muchos países y, en algunos casos, los DDH fueron desaparecidos y encarcelados sin contacto alguno con sus familias o un abogado durante distintos períodos de tiempo.
Otros medios que su utilizan para frenar el trabajo de los DDH son las prohibiciones de viajar (especialmente relacionadas al trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU), los ciberataques o la introducción de legislaciones restrictivas sobre delincuencia cibernética.
En muchos casos los intereses económicos presionaron a los gobiernos contra los DDH y los pueblos indígenas. Muy a menudo los proyectos estaban financiados por instituciones financieras internacionales o corporaciones occidentales y chinas. Esto muestra la falta de un verdadero control de derechos humanos dentro de los proyectos, a pesar de los numerosos principios adoptados por estas instituciones.
"En Honduras, el asesinato de Berta Cáceres, destacada defensora de los derechos indígenas, ambientales y de las mujeres, conmocionó a la comunidad de derechos humanos: tenía un perfil nacional e internacional fuerte, una amplia red de apoyo y era beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", señala el informe.
Debilitamiento de las ONG
Otra forma de reducir o detener el trabajo de los defensores de los derechos humanos es a través de leyes contra las ONGs en las que trabajan. Muchas de estas leyes están escritas para impedir que las ONG recauden dinero en el país o reciban fondos del extranjero. Otras tácticas implican la inclusión de ONG nacionales o internacionales autorizadas a operar en ese país.
Foco geográfico
El informe se divide además en secciones geográficas: África, Américas, Asia y el Pacífico, Europa y Asia central, Oriente Próximo y África del Norte. En África, los defensores de derechos humanos han recibido amenazas especialmente en relación con cuestiones de democratización y libertad de asociación.
En las Américas, han sufrido campañas de difamación y tanto la policía como el ejército utilizan frecuentemente una fuerza excesiva para dispersar manifestaciones.
En Europa, las leyes contra el terrorismo han restringido las libertades civiles (como la libertad de reunión) relacionadas con el trabajo de los DDH. La región de Asia Central ha visto cómo se constreñía el espacio general de debate público y el aumento de la intolerancia hacias las ideologías y creencias alternativas. En Oriente Próximo y África del Norte, los defensores de los derechos de las personas LGBTI trabajan en un ambiente muy hostil, incluso a veces a bajo la amenaza de la pena de muerte.
En Asia y el Pacífico, los DDH han sido retratados como enemigos del Estado y amenaza a la seguridad nacional para deslegitimar su trabajo y socavar el apoyo que puedan recibir.
En Filipinas, el Presidente Rodrigo Duterte ha legitimado los homicidios extrajudiciales para las personas implicadas en el tráfico de drogas y ha amenazado con matar a los defensores de los derechos humanos debido a sus críticas hacia su forma de resolver los delitos relacionados con las drogas.
