Civil Rights Defenders presentó la demanda contra el Estado sueco el 5 de marzo, por la violación de los derechos humanos. Representan a ocho adultos y tres niños de los 4.700 Roma que fueron inscritos originalmente por la policía de Skåne. Están convencidos de que estaban en los archivos simplemente por su origen étnico. Sin embargo, ésta no es la razón por la que los archivos han sido declarados ilegales.

Para demostrar que los archivos de la policía constituyen un caso de registro étnico, entablan una querella contra el Estado sueco. También defienden que las 5.000 coronas suecas (aproximadamente 500 €) que se les ha concedido a las víctimas como compensación económica está muy lejos de ser la cantidad adecuada.

Solicitan que el Estado asuma la responsabilidad de los archivos y conceda a las personas afectadas una reparación adecuada.

Antecedentes

Hace casi año y medio, el periódico sueco Dagens Nyheter reveló que la administración policial de Skåne mantenía un archivo de personas Roma. Contenía los nombres de aproximadamente 4.700 personas, de las que la gran mayoría eran Roma o personas casadas con Roma. Mil de ellos eran menores y 200 ya habían fallecido. Muchos otros vivían en otras partes de Suecia y ni siquiera residían en Skåne.

En noviembre de 2013, la Comisión sueca de Protección de la Seguridad y la Integridad declaró ilegal el archivo policial. Señaló que el objetivo del mismo era demasiado impreciso, que demasiadas personas de la policía tenían acceso al mismo y que las conexiones de las personas con la supuesta delincuencia eran falsas.

Sin embargo, lo que no hizo la Comisión sueca de Protección de la Seguridad y la Integridad fue reconocer que las personas habían sido inscritas en base a su origen étnico. En vez de ello, declaró que la razón por la que estas personas habían sido inscritas era el parentesco, aunque fuera muy lejano, con personas que tenían conexiones con la delincuencia. Consecuentemente, la conclusión especificaba que no era simplemente un archivo basado en el origen étnico.

Apoyándose en la opinión expresada por la Comisión sueca de Protección de la Seguridad y la Integridad, el ministro de Justicia decidió a continuación que cada persona que había sido fichada por la policía tenía derecho a recibir 5.000 coronas suecas como compensación económica – sin tener en cuenta ningún historial delictivo anterior. Lo cual significa que:

• Hasta ahora, ninguna autoridad legal ha analizado si los archivos constituyen un caso de discriminación étnica.
• La compensación económica no ha sido calculada sobre la base de que las personas inscritas en el archivo han sido sometidas a discriminación étnica.

Las personas que han solicitado una respuesta a la cuestión de por qué estaban sus nombres en el archivo, no han recibido ninguna explicación.

Civil Rights Defenders afirma que la ficha policial de los Roma constituye un acto de discriminación étnica. Por consiguiente, demanda al Estado sueco.

El caso

Llevan a los tribunales la cuestión étnica del archivo en base a la legislación sueca, la Constitución sueca y la Convención Europea de Derechos Humanos. Ninguna de las once personas a las que representan tiene ninguna conexión con la actividad delictiva. Tres son menores. Todos viven en Estocolmo. Afirman que acabaron en los archivos policiales de Skåne a causa de su origen étnico.

Si no ganan en los tribunales suecos, recurrirán a Estrasburgo y harán que se juzgue el archivo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, este asunto podría tardar hasta 10 años en resolverse definitivamente.

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