La ley Fini-Giovanardi, adoptada en Italia en 2006, fue una de las leyes más estrictas contra las drogas en Europa, y una de las razones del hacinamiento en las cárceles del país.
La ley Fini-Giovanardi anuló la diferencia legal entre drogas duras y blandas, es decir, los delitos de canabis se sancionaban igual que los otros delitos de drogas, muy duramente.
En 2014, sin embargo, el Tribunal Constitucional derogó parcialmente la ley y restableció los principios de la ley anterior Iervolino-Vassalli, que metía al canabis en una categoría especial, aunque seguía penalizando la producción, el consumo y la venta.
Un paso adelante en los tribunales
La semana pasada, el Tribunal Constitucional dio un paso más hacia el fin de la ley de 2006: derogó el artículo 75bis, que pedía sanciones administrativas más duras (que incluían la cárcel) para aquellas personas que tengan antecedentes penales.
El Tribunal Constitucional estimó que esta medida es contraria al principio constitucional de la homogeneidad de la ley. La ley actual aboga por fomentar que los usuarios de drogas se rehabiliten, y meterles en la cárcel impide que sigan el plan de rehabilitación.
¿Hacia la legalización?
Todavía falta mucho para la legalización del canabis en Italia, y ciertamente, el tribunal no falló sobre el contenido de la ley, sino más bien sobre su forma.
Sin embargo, el apoyo público hacia una política de drogas más permisiva está creciendo y el proyecto de ley popular Legalizziamo, que propone la legalización total de la marihuna, cada vez recoge más firmas, lo que significa que probablemente se tendrá que discutir en el parlamento en los próximos meses.
El alcalde de Parma, que llevó adelante la iniciativa de abrir el primer club social de canabis de la ciudad, ha suscrito públicamente el proyecto de ley. Parece que Italia está poco a poco dando pasos hacia la muy necesaria reforma de sus políticas de drogas.
