El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha publicado recientemente su 10º informe anual sobre su supervisión de la ejecución de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El Convenio Europeo de Derechos Humanos confiere al Comité de Ministros la tarea de garantizar la ejecución de las sentencias del TEDH.

Este informe no recoge los casos del TEDH que se consideran cerrados, sino más bien los que se considera que han sido ejecutados por el Comité.

Supervisión del Comité de Ministros

En 2016, el Comité de Ministros cerró 2.066 casos y, por primera vez desde 2010, menos de 10.000 casos están pendientes de ejecución.

Todos los casos se insertan en distintas categorías que implican un método de supervisión diferente dependiendo de su urgencia e importancia. Los casos que revelan un problema estructural suelen denominarse "casos principales", mientras que los que se refieren a cuestiones similares se denominan "casos recurrentes".

Supervisión reforzada

Los casos de supervisión reforzada son todos aquellos que requieren medidas individuales urgentes o cuya causa de la violación ha sido considerada por el TEDH o el Comité como un problema estructural o complejo. Todas las sentencias piloto y los casos entre Estados se someten automáticamente a supervisión reforzada.

Supervisión estándar

El resto de los casos se consideran de supervisión estándar, aunque también pueden darse transferencias de casos de supervisión reforzada a supervisión estándar (o a la inversa) cuando el Comité lo cree necesario.

Dificultades

La ejecución de las sentencias del TEDH puede retrasarse por distintas razones. En el informe del Comité se señalan los principales obstáculos a la hora de ejecutar las sentencias, como las dificultades relacionadas con la aprobación de reformas para abordar problemas estructurales.

Estas dificultades pueden surgir cuando las instituciones estatales o los partidos políticos tienen puntos de vista distintos acerca de las reformas requeridas. Otro problema que se ha encontrado el Comité es la negativa del Estado a pagar indemnizaciones justas o a adoptar medidas individuales.

La ejecución de las sentencias de Italia

Los hallazgos del Comité sobre la ejecución de Italia de las sentencias del TEDH no son muy alentadores. De los 9.941 casos pendientes ante el Comité en 2016, 2.350 debían ser ejecutados por Italia.

Es la cifra más alta de los Estados miembros. De hecho, los únicos otros tres países con más de 1.000 sentencias a implementar son la Federación Rusa (1.573), Turquía (1.430) y Ucrania (1.147).

Más de la mitad de los casos italianos pendientes ante el Comité (1.725) tienen que ver con la excesiva duración de un procedimiento ante un tribunal civil; le siguen los de excesiva duración de procedimientos penales (163 casos) y luego 131 casos relativos a "cantidades insuficientes y retrasos en el pago de las indemnizaciones concedidas en el marco de una reparación compensatoria disponible desde 2001 para las víctimas de procedimientos excesivamente largos y de excesiva duración" (la llamada ley Pinto).

Asimismo, el famoso caso Cestaro sigue bajo supervisión reforzada, pues registra un problema estructural de "maltrato policial, legislación penal inadecuada para castigar actos de tortura y trato inhumano y degradante".

El Comité todavía está a la espera de que se apruebe una ley contra la tortura para que se pueda considerar que este caso queda cerrado.

Otra cifra interesante es la cantidad que pagó Italia en 2016 por compensaciones justas, más de 15 millones de euros para indemnizar a denunciantes que presentaron casos contra el Estado. Solo Turquía (que pagó más de 20 millones) y Albania (más de 18 millones) le superan. En 2015, esta cantidad era apenas de 4 millones.

Un caso no tan cerrado: el hacinamiento

Entre los casos que el Comité de Ministros ha considerado cerrados, está el famoso caso Torreggiani, que trataba "las malas condiciones de detención debidas al hacinamiento en los centros penitenciarios".

El Comité señala que "para abordar el problema del hacinamiento en los centros de detención, se adoptaron medidas legislativas que recogían las recomendaciones del CM, para reducir los flujos de entrada a las prisiones y mejorar el acceso a sanciones y medidas comunitarias" y también se han puesto en marcha nuevos mecanismos para vigilar constantemente el grado de hacinamiento en la cárcel.

De hecho, la tasa de hacinamiento en las cárceles es inferior a la de 2013, cuando se emitió la sentencia, sin embargo, la población carcelaria no ha cesado de aumentar desde 2015. En concreto, en marzo de 2017, se registraron más de 56.000 presos en centros penitenciarios. Según el Ministerio de Justicia, hay 50.211 plazas disponibles en las cárceles italianas, sin embargo, el Responsable nacional de los derechos de las personas privadas de libertad estimó la disponibilidad real en 45.509 plazas.

Incluso si el Comité de Ministros considera este caso cerrado, para nosotros no lo está, de hecho, vemos cada día cómo está lejos de haberse resuelto. Es importante que el Comité siga monitoreando la situación en las cárceles italianas y que presione a las autoridades para que sigan trabajando para mejorarlo.