El 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, ILGA publicó la 11.ª edición de su Informe de homofobia de Estado. Se trata de un estudio mundial sobre las leyes de orientación sexual investigadas a partir de diferentes aspectos.

ILGA es una federación mundial que integra a 1.200 organizaciones de 125 países que luchan por los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. El informe Homofobia de Estado es un recurso fundamental para defensores de los derechos humanos, organizaciones civiles, medios de comunicación, agencias gubernamentales y de la ONU y otros participantes interesados en las leyes de orientación sexual.

Las cifras más importantes

Según el informe, en 119 Estados miembros de la ONU no existen sanciones legales para las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, pero aún hay 75 Estados clasificados como "criminalizadores" debido al hecho de que los actos sexuales entre personas del mismo sexo son ilegales, o bien se trata de Estados con regímenes represivos donde las relaciones del mismo sexo constituyen un grave delito.

En Estados así, son muy comunes las detenciones practicadas bajo estas leyes. Un total de 103 países en el mundo tienen una ley sobre la igualdad de edad de consentimiento.

La información más preocupante es que aún existen Estados miembros de la ONU, principalmente en África y Asia, donde la pena de muerte puede ser aplicada por actos sexuales entre personas del mismo sexo.

Hay muchos países con leyes más positivas y protectoras. Setenta miembros de la ONU tienen leyes que protegen a la comunidad LGBTI de la discriminación por orientación sexual en el lugar de trabajo y 13 Estados contienen disposiciones constitucionales que especifican la orientación sexual entre las causas posibles de discriminación.

Cuarenta Estados han promulgado leyes que combaten los delitos de odio e incitación al odio. En cuanto a los matrimonios y las uniones civiles entre personas del mismo sexo, los primeros son reconocidos en 22 Estados y las segundas en 24.

Colombia y Portugal fueron los últimos que aprobaron leyes de adopción conjunta, lo que significa que actualmente hay 26 Estados que la facilitan, mientras que 23 Estados miembros de la ONU permiten la adopción por parte de un segundo padre o madre del mismo sexo.

Alarmante situación en Italia

En Italia, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son legales y, desde 1890, han tenido la misma edad de consentimiento que las relaciones heterosexuales. El país prohibió la discriminación en el empleo basada en la orientación sexual en una ley de 2003, pero no existe una prohibición constitucional de la discriminación por motivos de orientación sexual.

Los delitos de odio basados en la orientación sexual no se consideran como circunstancia agravante en los casos penales y la incitación al odio por motivos de orientación sexual no está prohibida en Italia.

Solo 13 países europeos han aceptado leyes que permiten el matrimonio entre parejas del mismo sexo; Italia no está entre ellos. Este mes de mayo, las uniones civiles entre parejas del mismo sexo fueron reconocidas por primera vez, pero la adopción por parte de un segundo padre o madre solo se permite en algunas partes de Italia, principalmente debido a sentencias judiciales.

Alrededor de Europa

Los cambios más drásticos proceden de Malta, el miembro más pequeño de la UE, que alcanzó en 2015 el tope de la clasificación de países en el Índice Arco Iris que elabora ILGA sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBTI.

Con un liderazgo sin precedentes en la cuestión por parte de los políticos nacionales, Malta adoptó una legislación innovadora y políticas públicas integrales.

En Irlanda, una abrumadora mayoría de la gente a lo largo y ancho del país votó a favor de la igualdad en el matrimonio.

Uno de los acontecimientos más importantes de 2015 fue el relativo al creciente reconocimiento de los derechos humanos de las personas trans e intersexuales. Las instituciones nacionales y europeas se han informado más sobre la situación de las personas intersexuales y han tomado medidas para proteger sus derechos.

Una de las tendencias actuales más preocupantes es el enrarecimiento del ambiente para la sociedad civil. En diferentes países se han impuesto restricciones a las ONG, incluidos los grupos LGBTI. Las barreras legales y administrativas están dificultando la existencia de las ONG y es una tendencia creciente por parte de los gobiernos ignorar a la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones.

Se necesitan cambios importantes en el mundo

Se deben tomar medidas legislativas y políticas concretas y estables respecto a las personas pertenecientes a la comunidad LGTBI. Un liderazgo político activo, en los parlamentos nacionales y en las instituciones de la UE, es esencial para el progreso.

El apoyo público a los derechos humanos de las personas LGBTI está creciendo, pero en la arena política se debe legislar para crear cambios permanentes, y esas leyes deben mostrarse útiles en la práctica.

También es importante que los gobiernos tengan en cuenta las necesidades de colectivos LGBTI específicos como los de personas de edad avanzada, mujeres, personas de color, miembros de confestiones religiosas y las que tienen orígenes socioeconómicos diversos. Sólo de esta manera será posible un cambio profundo y eficiente.